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jueves, 28 de marzo del 2024
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Polémica por la suspensión de la eutanasia de Martha Sepúlveda: “Canceló hasta su plan telefónico porque pensaba que iba a morir este domingo”

Una mujer de 51 años iba a convertirse el domingo en la primera persona de este país, de mayoría católica y sin pronóstico terminal, en morir mediante una eutanasia legalmente autorizada. Pero una sorprendente decisión de última hora de las autoridades sanitarias ha detenido su intento.

Martha Sepúlveda fue despertada por sus abogados el viernes por la noche con la noticia de una carta en la que se anunciaba que su procedimiento de eutanasia programado para las 7 de la mañana del domingo había sido cancelado, después de que un comité médico determinara que ya no cumplía las condiciones porque su salud había mejorado aparentemente.

La decisión de cancelar el procedimiento fue una completa sorpresa, según sus abogados. Ella no tenía ni idea de que los funcionarios de sanidad se iban a reunir para revisar su caso. Había estado viviendo tranquilamente sus últimas horas y había dejado de lado la cobertura mediática de su caso.

“Canceló su plan telefónico porque pensaba que iba a morir mañana”, dijo su abogada, Camila Jaramillo, el sábado por la noche.

El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), el bufete de Jaramillo, se ha comprometido a luchar contra la decisión, que calificó de “ilegítima y arbitraria”, y que viola su derecho a una “muerte digna”. Apuntaron a una reciente decisión del Tribunal Constitucional que permite la eutanasia para pacientes con intenso sufrimiento físico o mental por lesiones corporales o enfermedad grave e incurable, aunque el pronóstico no sea terminal en seis meses.

“La están obligando a vivir una vida que no está dispuesta a seguir viviendo”, dijo Lucas Correa Montoya, abogado que representa a Sepúlveda junto a Jaramillo en DescLAB. “Lo que ha sucedido en las últimas semanas es un ejemplo del largo camino que queda por recorrer para la muerte digna en Colombia”.

Sepúlveda fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica progresiva conocida en Estados Unidos como enfermedad de Lou Gehrig, en noviembre de 2018. En los meses siguientes, la colombiana perdió el control de los músculos de sus piernas… y sabía que solo empeoraría.

Lloraba por las noches, abrumada por la idea de no poder meterse en la cama o ir al baño por sí misma. Sepúlveda, que se considera una católica devota, empezó a leer sobre una opción que creía que podía aliviar su miedo a lo que iba a suceder: la eutanasia.

Colombia fue uno de los primeros países del mundo en despenalizar la eutanasia, y uno de los pocos -junto con Bélgica y los Países Bajos- en extender el derecho a los pacientes no terminales. Ningún estado de EE.UU. permite la eutanasia; 10 estados y D.C. permiten el suicidio médicamente asistido para adultos con enfermedades terminales y capacidad mental con un pronóstico de seis meses o menos de vida.

Hasta este año en Colombia, la opción ha estado disponible legalmente sólo para aquellos que se espera que vivan seis meses o menos. Aunque la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad mortal que no tiene cura, su evolución es variable y los pacientes pueden sobrevivir entre dos y diez años o más.

La Corte Constitucional del país dictaminó en julio que el derecho a la eutanasia -reconocido aquí en 1997- se aplica no sólo a los pacientes terminales, sino también a los que padecen “intensos sufrimientos físicos o mentales por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables”.

El Instituto Colombiano del Dolor, o Incodol, que había sido programado para llevar a cabo el procedimiento, dijo que su condición mejoró entre julio y octubre, y que eso afectó a una decisión anterior de permitir que su procedimiento de eutanasia siguiera adelante.

Después de discutir largamente el caso, el comité no encontró evidencia que cumpliera los requisitos de enfermedad degenerativa, progresiva e incurable, según una explicación del comité, proporcionada a The Washington Post por Jaramillo. La enfermedad de Sepúlveda “no afecta por completo a la funcionalidad de la paciente en las actividades instrumentales o en la vida diaria, tal y como la paciente y su familia habían expresado en los registros médicos anteriores”.

Al determinar que Sepúlveda “tiene una alta probabilidad de esperar una vida superior a los 6 meses”, el comité dictaminó que no puede acogerse a la eutanasia.

Basaron su decisión, al menos en parte, en la cobertura mediática de Sepúlveda desde que se hizo pública su decisión. Sepúlveda apareció en televisión sonriendo y riendo mientras cenaba en un restaurante local este mes, a pesar de su sombrío pronóstico.

“Todos los pacientes son capaces de mejorar… esto es parte del análisis que se debe hacer… para evaluar la condición de un paciente”, dijo Fredy Quintero, gerente de Incodol, a Noticias Caracol de Colombia.

El fallo judicial de julio ha dividido a los fieles en Colombia. Las autoridades eclesiásticas han calificado la eutanasia como una “grave ofensa” a la dignidad de la vida humana; un miembro de la conferencia episcopal nacional instó a Sepúlveda a “reflexionar con calma” sobre su decisión e invitó a todos los católicos a rezar para que Dios le conceda misericordia.

En respuesta a la noticia de que el procedimiento de Sepúlveda había sido cancelado el sábado, el Ministerio de Salud del país estableció que un paciente sin un diagnóstico terminal no puede ser autorizado para la eutanasia porque el tribunal constitucional aún no ha emitido su sentencia completa sobre el asunto – una afirmación que fue rápidamente discutida por expertos legales, quienes dijeron que las sentencias judiciales entran en vigor inmediatamente.

El hijo de Sepúlveda, de 22 años, difundió el sábado una serie de declaraciones en vídeo a través de los abogados de su madre, en las que afirmaba que las actuaciones “irregulares” de la empresa sanitaria se produjeron sólo tras la “viralización” de la noticia de su madre. Federico Redondo Sepúlveda pidió que se investigue el accionar de la prestadora de salud, y dijo que “no debemos tolerar esto”.

“No son sólo los derechos de Martha Sepúlveda”, dijo. “Los derechos de muchas otras personas que se someten a este tipo de procedimientos, ante este tipo de instituciones, también podrían ser eventualmente vulnerados”.

“Esta circunstancia devolvió a mi mamá a su estado anterior de desesperación y tristeza, y no hay nada que pueda cambiar eso”, dijo, y agregó que ella ha vuelto a tener una “enorme preocupación” por el futuro.

“Estamos abiertos a tener esta lucha por la dignidad de mi madre… La lucha de mi madre es la lucha de miles de personas”.

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The Washington Post

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