Los padres y representantes del Instituto Simón Bolívar, consignaron, la mañana de este lunes 21 de agosto, un voluminoso “dossier” con la documentación que sustenta sus denuncias y los planteamientos formulados, la semana pasada, ante los concejales de la Cámara Municipal de Lagunillas, en el estado Zulia.
La carpeta tipo folio con todos los soportes, fue recibida por los concejales Dixón Rivera, presidente de la Comisión Especial conformada para revisar este caso. Le acompañaron en el salón de sesiones de la Cámara Municipal, en un primer momento, en la recepción de la documentación, las concejalas Hiulys Rivero y Kristal Méndez, incorporándose Yolimar Morales, Sekiris Salazar y Luis Martínez.
“Nosotros debemos elaborar un cronograma de diálogo, de conversaciones, de visitas a las instituciones”, explicó Rivera, al dar inicio al acto de consignación, refiriéndose así a los pasos que, como comisión especial, darán para visitar el Instituto Simón Bolívar, emblemático colegio del municipio Lagunillas, de 49 años, que fue “clausurado preventiva y temporalmente” por los Bomberos ante el deterioro de la infraestructura y la calificación de un “inmueble inseguro”.
El abogado de los representantes, Douglas Querales también asistió y, por decisión de ellos, fue el primero en tomar la palabra.
“Como está en pleno desarrollo, queremos agregar y advertir que dentro del plan de exclusión que, lamentablemente, tienen los tres que conforman la Asociación del Instituto Simón Bolívar, está el impedir que los padres lleven a cabo esta lucha, esta acción para democratizar y que se abran las puertas de lo que les pertenece a todos. Tienen un plan para impedir la inscripción a sus muchachos en el próximo año escolar. Eso es sumamente grave y vendría a agregarle un elemento más explosivo a la situación”, describió Querales sobre la notificación que estarían recibiendo los padres, especialmente, los que tienen causas legales abiertas por denuncias de la presidenta de la Asociación Civil Instituto Simón Bolívar.
Sobre esta advertencia, planteada por el abogado Querales y reiterada por los padres, en sus intervenciones, el concejal Rivera, al ser consultado por los periodistas, afirmó: “legalmente nadie puede impedirle a un estudiante que está estudiando en una institución, que siga estudiando, porque le corresponde”.
Los concejales destacaron que la contraparte (presidenta de la Asociación) también será escuchada y, se informó que tendrá un derecho de palabra, pues ya se hizo la solicitud. Este acto será este martes 22 de agosto.
“Vamos a evaluar y verificar para que tengamos la mejor respuesta tanto para ustedes, que son los padres y representantes de estos estudiantes y la parte del instituto”, indicó la concejala Hiulys Rivero.
“Se elaborará un informe y trataremos de buscar ese punto de encuentro entre ambas partes en beneficio de todos y siempre respetando los deberes y derechos de los niños y adolescentes”, recalcó la concejala Kristal Méndez.
Darbyck Centeno, representante, en su intervención, refirió una situación vivida por varios padres, entre los que se incluye. “No solamente se nos negaba el acceso a la institución, se nos negó el acceso a conversar con los directores, y con el actual director Humberto Parra. Cada vez que teníamos que conversar con el director, teníamos que solicitarlo con dos semanas de antelación e íbamos custodiados por dos o tres personas”.
Otra representante, Nataly Díaz mencionó que sí existe una “conexión entre lo académico y administrativo, porque actualmente, a parte que el Consejo Académico está vencido, ha sido usurpado, porque lo conforman puros profesores y un miembro de la Junta Directiva”.
Prensa Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Recreación.
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