El director será imputado por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas al recinto
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció un balance sobre las investigaciones realizadas sobre los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales, en el que murieron 47 reos.
En rueda de prensa, desde el Ministerio Público, catalogó como «lamentable» la muerte de 47 internos y donde además resultaron 67 personas heridas, entre ellos un funcionario público.
Previo a entrar en detalle mencionó los casos de la «masacre de Catia» en el año 1992, donde fueron ejecutados 63 reclusos. En ese entonces «Los custodios dijeron a los reclusos que eran libres de abandonar sus calabozos, y cuando comenzaron a salir los ejecutaron funcionarios del Guardia Nacional y de la tristemente célebre Policía Metropolitana».
Advirtió que en ese momento, en el que Antonio Ledezma era alcalde de Caracas, no se hicieron las investigaciones correspondientes y las imputaciones a los responsables
A diferencia de estos hechos, indicó que ellos adelantan las investigaciones correspondientes que precisan que los reclusos, dirigidos por un líder negativo conocido como Olivo, iniciaron acciones de protesta por supuestos hechos irregulares durante la visita.
Saab resaltó que los reclamos de los privados de libertad no fueron atendidos, por lo que la población penal traspasó la cerca y agredió al director del penal, a su vez los funcionarios militares destacados en ese momento no realizaron las «maniobras» necesarias para contener a los internos.
El fiscal explicó que la respuesta de los funcionarios para contener esta manifestación fue hacer uso de sus armas de fuego, que fue respondido por un grupo de internos, terminando en la masacre de «47 personas y 69 personas».
Las investigaciones adelantadas por los dos fiscales designados por el Ministerio Público lograron identificar a los funcionarios que dispararon contra los reclusos. En ese sentido, se les imputó el delito de homicidio intencional a: el primer teniente Castro Malaguera, sargento primero Manuel Torres Parada; sargento mayor de tercera Rodríguez Escalona; sargento primero Almeida Gudiño, y sargento primero Rodríguez García.
«A estos funcionarios se les imputarán los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder».
De igual manera el MP imputa a los siguientes reclusos: Olivo Castillo Velázquez; Ronal Camacaro Angulo; Wilmer Romero Durán y Douglas Ramos Lucena, quienes son responsabilizados de organizar los actos violentos y participar en el enfrentamiento.
«A cada uno de ellos se les imputarán los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas de fuego», dijo Saab.
Asimismo, el director del penal, Carlos Graterol, fue imputado por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios.
Para finalizar cuestionó que sectores «adversos» al gobierno, utilizan este fatal evento para ganar «ventaja política» y utilizar la bandera de los DDHH sin ningún sentido.