Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, se pronunció la madrugada de este jueves en sus redes sociales para manifestar su preocupación “por la seguridad e integridad física de Álex Saab”, supuesto testaferro de Maduro detenido en Cabo Verde, acusado de lavado de dinero y corrupción, cuya extradición a Estados Unidos ha sido retrasada.
“Hemos denunciado ante las autoridades los malos tratos que ha recibido”, escribió Arreaza a las 4:47 de la madrugada de este jueves 8 de octubre.
El chavismo insiste en solicitar “una medida humanitaria” para proteger su vida.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (la más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab, de 48 años, apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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