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jueves, 29 de febrero del 2024
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Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de Rocío San Miguel

El organismo aseguró que “está monitoreando la denuncia de desaparición forzada” de San Miguel, y pidió el respeto a sus derechos. El Frente Amplio de Mujeres rechazó “contundentemente” la “detención arbitraria y desaparición” de la activista.

Amnistía Internacional (AI) pidió este domingo la libertad “inmediata e incondicional” de la activista y defensora de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida el pasado viernes y se desconoce su paradero, según denuncian organizaciones no gubernamentales del país.

En la red social X, Amnistía Internacional aseguró que “está monitoreando la denuncia de desaparición forzada” de San Miguel, y pidió el respeto a sus derechos y a la “medida cautelar de protección dictada a su favor” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cihd) en 2012, así como “acceso a abogados y familiares”.

Varias ONG locales y partidos políticos opositores también exigieron este domingo la liberación de la activista, reseñó La Patilla.

En X, el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, exigió al fiscal general, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, información sobre el paradero de San Miguel y su “inmediata liberación”.

El Frente Amplio de Mujeres rechazó “contundentemente” la “detención arbitraria y desaparición” de la activista, de quien exigió “de inmediato fe de vida”, y alertó a la comunidad internacional de “esta escalada de represión a las puertas de una elección presidencial”, prevista para este año, aunque aún sin fecha definida.

Un Mundo Sin Mordaza indicó que ya se cumplieron “48 horas de la desaparición” de San Miguel, quien “fue detenida por un grupo Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)-Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en el aeropuerto” internacional de Maiquetía que sirve a Caracas, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija.

San Miguel informó este mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano presentar, “a más tardar el 6 de mayo”, un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a favor de la activista y de otras dos personas, por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.

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