Unos 5.600 caminantes provenientes del interior del país cruzan a pie parte del estado Táchira con rumbo a la frontera con Colombia, en busca de las oportunidades económicas que su país natal les ha negado a causa de la crisis que ya es mundialmente reconocida. Esta cifra corresponde al registro que lleva Cáritas, organización de asistencia de la Iglesia Católica que brinda apoyo a quienes tomaron la decisión de huir del hambre y la miseria.
El padre Ricardo Ramírez, director de Cáritas-Táchira, comentó que la organización tiene 12 puntos en las parroquias eclesiásticas de la Troncal 5 desde El Piñal pasando por La Pedrera, San Lorenzo, San Josecito, El Corozo, Puente Real, Zorca, El Valle, Capacho. Así como también en las parroquias la Sagrada Familia y San Antonio de Padua del municipio Bolívar. En La Tendida, municipio Samuel Darío Maldonado también ubicaron otro punto de atención.
En el puesto de La Pedrera, afirmó que son atendidos a diario unas 110 personas, en el resto la cifra es de 70 caminantes cada día, allí se les provee de alimentación, medicinas, ropa, algunos accesorios, como coches para bebé que son donados por la comunidad y kits de aseo personal, en donde se incluyen jabón de baño, cepillo, crema de dientes, desodorante y gel antibacterial, además los voluntarios de Cáritas están capacitados para brindar los primeros auxilios en caso que se ameriten.
«La comida es donación de algunas personas, benefactores que dan contribución, nosotros siempre estamos pidiendo ayuda, que se les va donando a estas personas. También se ha recibido ayuda a través de Cáritas Venezuela desde Caracas», dijo el padre Ricardo Ramírez. Denunció que estos migrantes también son víctimas constantes del abuso de autoridad por parte de funcionarios militares y policiales que se consiguen en la vía quienes, según explica, les piden a los caminantes, como forma de extorsión, las ayudas que les da la fundación para poder continuar con su camino.
«Esto no es un secreto para nadie, es una realidad que se está viviendo, sobre todo en los puntos de control de la zona sur. Les han quitado las cosas que Cáritas les brinda, incluso con la ayuda de otras organizaciones, es el pago que les solicitan para que puedan pasar.
Con los mototaxis también se presentan irregularidades, les piden un monto para llevarlos hasta San Antonio, pero los dejan botados en Capacho y como estas personas no conocen, los dejan tirados, los roban».
Justo en uno de estos puntos de atención a los caminantes, ubicado en la zona de Puente Real en San Cristóbal, nos encontramos un grupo de cinco jóvenes oriundos de Valencia, con ellos se encontraba Juan Gil, quien dijo que se dirigían a Bucaramanga, en Colombia, donde él tiene trabajo como cantante, pues le apasiona la música llanera.
El resto de sus compañeros iba a ver qué trabajo conseguían, pues no tenían un rumbo establecido. Cansados, sentados en la acera de la vivienda desde donde les iban a dar un plato de comida y bebida para paliar el hambre que ya se sentía a horas del mediodía, contaron que llevaban tres días caminando, sólo descansaban por períodos de tiempo no muy prolongados para que el cuerpo no se enfriara y se les dificultara continuar.
En el caso de Juan, explicó que hace una semana había viajado a pie hacia Valencia, pues su madre se encontraba enferma y debía ayudar con los gastos. Retorna a Colombia para poder brindar una mejor calidad de vida a su familiar, decidió caminar porque el dinero del pasaje en autobús lo dejó para las medicinas y exámenes médicos que debe practicarse su progenitora. «Migro por una mejor vida para mi familia, en Valencia no hay condiciones para nada», destacó.
En Venezuela, el proceso migratorio es indetenible, los caminantes están expuestos a un sinfín de peligros a lo largo del trayecto y, a pesar que muchos están conscientes, esto no los detiene, pues sus ganas de salir adelante y tener mejores condiciones los hace continuar. Lamentablemente, muchas de estas personas lo hacen de manera desorganizada, sin un rumbo fijo.
El excónsul de Venezuela en Cúcuta, Edith Lugo, señaló que esta situación es preocupante, a su juicio, en el país aún existen condiciones para salir adelante, considera necesario que cada persona analice bien su situación antes de aventurarse. «Que entiendan los peligros que hay, las dificultades que se pueden presentar fuera, que no expongan a los menores de edad o a los adultos mayores a estas situaciones. En otros países nuestros compatriotas han sido humillados, maltratados, explotados, ha proliferado la xenofobia», aseveró.
Carmen Pérez, oriunda de Maturín, camina en compañía de su esposo y una tía de él, sus pies ya estaban ampollados porque hace el recorrido en chancletas. Su rostro reflejaba el cansancio de tantos kilómetros recorridos expuestos a la inclemencia de la temperatura que arrecia por estos días. Llevando a cuestas el peso no sólo del equipaje, también el de alejarse con cada paso de sus familias, van a Cúcuta a ver qué logran conseguir allí, si el destino se los permite pretenden movilizarse hacia otra ciudad o incluso país, de lo contrario, deben volver a su ciudad natal, donde quedaron sus tres hijos bajo el cuidado de la abuela.
Migran porque las condiciones de vida en Maturín no son buenas, al menos no les permite brindar una alimentación digna a sus familiares.
«Vivíamos de la agricultura, pero ya no se pudo, no hay fuente de empleo, allá la cosa es muy dura, no se consigue comida», aseguró.
Van y vienen
Personas como Carlos Gómez, ya tienen establecido que cada año deben emprender la caminata desde Valencia hacia la frontera o viceversa, se dirige desde Valencia a Bucaramanga con su hermano y su cuñada, lo espera un trabajo en una finca, pues es época de cosechar café. Destacó que las veces que ha salido de Venezuela lo ha hecho caminando. «La situación no está para gastar tanto dinero en un pasaje, porque uno tiene hijos y si se pone a gastar de más ellos se quedan sin comida. Viajo todos los años porque en Valencia tampoco es que haya mucho trabajo».
Para el sociólogo Damián Alifa, los caminantes constituyen una migración popular, lo hacen por supervivencia, pues no cuentan con los recursos necesarios para llevar una vida más o menos digna, asegura que esa constante salida de personas se convierten en un alivio para el Gobierno, pues se disminuye en un número considerable la demanda de alimentación, de electricidad, gas doméstico y de otros servicios públicos que debe garantizar el Estado.
«Con el migrante se va la calidad, el talento, se va la mano de obra, se va la capacidad de trabajo, pero también se va la demanda social y eso es algo positivo para el Estado», dijo.
Destacó que Venezuela se ha vuelto 80 veces más pequeño en el ámbito económico y aunque hay mano de obra suficiente para poder levantar el país, existe una gran falla desde el punto de vista del talento y del conocimiento.
Al comparar el salario mínimo nacional con el estipulado en otros países de América del Sur, principales destinos de los caminantes, la diferencia es abismal. Mientras que en Venezuela trabajar durante un mes equivale a 1,74 dólares, en Colombia son $237; Perú $228; Ecuador $400; Chile $430 y Argentina $279, situación por la que muchas personas deciden huir de su nación.
Familias enteras se encuentran a la deriva
Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro inició en agosto de 2019 el denominado «Plan Vuelta a la Patria», para el sociólogo Damián Alifa, no es un plan integral, pues solamente se le da un boleto de avión a quienes se acerquen a las embajadas en las que tienen presencia de funcionarios afectos al Gobierno nacional y manifieste que no tiene los recursos propios para volver, sin que exista una verdadera inserción a la vida laboral.
«No es solamente un plan de retorno, tiene que ser un plan de búsqueda de profesionales capacitados. Un plan de retorno no sólo supone atender a una persona que está desahuciada en otro país y traerla, este plan debe incluir la reinserción a la vida laboral, que consiga un empleo digno, un empleo que llene sus capacidades, que les permita la supervivencia en el país, que se le garantice que tenga donde vivir, se debe garantizar su retorno total a la sociedad», explicó.
Señaló que una política de migración integral debe generar incentivos para una población específica, por ejemplo, captar a los profesores universitarios que se hayan ido del país y verificar qué se puede hacer para que esa población específica regrese. «Se debe estudiar cuáles son sus necesidades y cuáles con las expectativas que tienen, qué es lo que esperan si retornan, se deben estudiar todos esos detalles», manifestó.
Días atrás, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que actualmente en Venezuela existe un crecimiento económico que considera llamativo, por lo que exhortó a los migrantes que están fuera a retornar. «Los que están estudiando que sigan con sus estudios, pero me refiero a los que han querido, por ejemplo, emprender laboralmente un mejor destino en otro país y no les ha ido bien», indicó.
Un plan similar intentó instalar Juan Guaidó, luego de jurar como presidente interino de Venezuela, quien el 23 de julio de 2019 lanzó «Vuelve a Casa», con el que planificó captar a un gran número de profesionales que salieron de Venezuela a través del sitio web vamosbien.com. «Necesitamos profesionales comprometidos con el desarrollo y crecimiento del país, que quieran formar parte de los servidores públicos del mañana o que aporten su granito de arena desde cualquier rincón del mundo», dijo en su momento.
Síguenos en nuestro Instagram, Twitter, Facebook y YouTube recibe de inmediato los hechos noticiosos y análisis tal como están ocurriendo.
NAD