Venezuela no obtuvo los votos necesarios para reelegirse dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sobre la nación hay dos instancias de la ONU encargadas de investigar graves violaciones de DDHH: la Oficina del Alto Comisionado y la Misión de Determinación de Hechos
El martes 11 de octubre se realizó la votación para elegir a 14 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con 88 votos de los 97 necesarios, Venezuela vio esfumarse sus opciones de reelección hasta 2025.
Su salida fue aplaudida por diversas ONG que califican este hecho como un nuevo «revés diplomático» para la administración de Nicolás Maduro, a quien señalan directamente de cometer graves violaciones, que incluso podrían considerarse crímenes de lesa humanidad, reseña Tal Cual.
La administración Maduro no participa ni acata decisiones de organismos regionales en materia de derechos humanos como la Comisión Interamericana (CIDH) o la Corte Interamericana (Corte IDH). Ambos mecanismos fueron abandonados en 2013 por decisión del expresidente Hugo Chávez, mientras que en 2017 Nicolás Maduro formalizó su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entonces, ¿queda Venezuela sin supervisión internacional?
La respuesta es no. Sobre Venezuela pesan dos mandatos directos de Naciones Unidas: el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, al igual que una Misión Internacional de Determinación de Hechos. Ambas fueron aprobadas en 2019.
Pero Daniels insiste en que «no debería tener nada que ver con este hecho. El Consejo y la Oficina del Alto Comisionado son entes independientes. Como se sabe, la Misión (de Determinación) indicó que había una obstaculización de su trabajo por parte de la Oficina. Entonces no debería haber un castigo castigar a esta Oficina».
En todo caso se debe esperar a las acciones que decida la administración Maduro. «No sabemos qué otras medidas podrían tomarse, visto que cada vez más el Gobierno está perdiendo terreno en Naciones Unidas de una manera determinante», dice el director de Acceso a la Justicia.
Gobierno venezolano han desestimado trabajar o contribuir con ella.
Este mecanismo especial de la ONU ha producido varios informes orales y tres escritos sobre la grave violación de derechos humanos cometidos en el país al menos desde 2014, y de los cuales tienen motivos razonables para creer que son crímenes de lesa humanidad; la falta de independencia judicial y su relación con el Ejecutivo; al igual que las cadenas de mando que han ordenado estos crímenes, encabezada por Nicolás Maduro, y las graves violaciones que se registran en el Arco Minero del Orinoco, al sur del país.
Votación en contra para Venezuela
Otra cuestión que destacan las ONG es la diferencia con las votaciones de otros países, la cual fue bastante abierta. La diferencia de votos con Costa Rica fue de 44, mientras que Chile sacó una ventaja superior a 50.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, afirma que esto demuestra un «mejor conocimiento de la comunidad internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela».
En este punto coincide Alí Daniels. «Esto demuestra que los informes de la Misión, la investigación de la Corte Penal Internacional, y sobre todo el hecho de que los argumentos del gobierno sobre que la situación ha mejorado en materia de impunidad no han tenido eco, porque efectivamente no es así».
El coordinador general de Provea también considera que solo los países solventes en materia de respeto a la dignidad humana deberían conformar este tipo de organismos de protección. «Así que los países con mala conducta como Venezuela cada vez van a tener menor incidencia en la toma de decisiones de estos entes».
Uzcátegui recuerda que ser un «país violador de derechos humanos» tiene consecuencias y, por tanto, «se van a mantener los principales mecanismos de presión diplomática de Venezuela, siendo estos el principal muro de contención que tiene la población venezolana».
Fuente: versionfinal
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