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lunes, 26 de febrero del 2024
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Red de DDHH en Lara exige el cese de oleada represiva en la entidad

Barquisimeto.- La Red de Derechos Humanos en Lara conden√≥ lo que califica de una brutal oleada represiva por partes de los cuerpos de seguridad del estado en contra de una poblaci√≥n desarmada que ejerce un derecho leg√≠timo contemplado en la Constituci√≥n Bolivariana como es la protesta ciudadana en rechazo al colapso de los servicios p√ļblicos.

A través de un comunicado oficial, Redhelara, exigió el cese de la represión y calificó de violencia desproporcionada la actuación de los componentes militares y policiales de la entidad.

Desde el d√≠a 10 de mayo del presente a√Īo -dice el comunicado- el estado Lara se ha visto conmocionado por la intensa y brutal oleada represiva de cuerpos militares y policiales que ante el clamor y la leg√≠tima protesta ciudadana por el colapso de los servicios p√ļblicos, han acosado, allanado, detenido y tratado cruelmente a 25 ciudadanos que exig√≠an atenci√≥n a las necesidades fundamentales de sus comunidades. 
Los continuos y cada vez más prolongados cortes de electricidad, en medio de crónicos déficits de otros servicios, ha motivado que en las comunidades de El Malecón y la Urbanización Sucre en Barquisimeto y en barrios de El Tocuyo y Carora (Barrio Torrellas), se hayan efectuado manifestaciones de exigencia de servicios con un saldo de severas violaciones a los derechos humanos de estas personas y sus comunidades.

Ante esta evidente escalada de violencia militar y policial desproporcionada, la Red de Derechos Humanos del Estado Lara (Redhelara) emite las siguientes consideraciones y exigencias:

Distintos estudios de Observatorios de Servicios P√ļblicos y de grupos ciudadanos que monitorean tales servicios han se√Īalado un paulatino incremento en el deterioro de su prestaci√≥n y un aumento en sus d√©ficits, lo cual se ha traducido en una severa desmejora de la calidad de vida ya afectada de la poblaci√≥n, en especial de su salud f√≠sica y psicol√≥gica.

En medio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, de las restricciones de circulaci√≥n de la poblaci√≥n y de su obligado confinamiento en sus hogares, tales afectaciones se han agudizado. Por lo cual grupos crecientes de la poblaci√≥n, en ejercicio leg√≠timo y constitucionalmente previsto de su derecho a la manifestaci√≥n p√ļblica, le han hecho saber a las autoridades responsables, a trav√©s de ‚ÄúCacerolazos‚ÄĚ, su inconformidad, malestar y exigencias, especialmente, por el pleno restablecimiento de los servicios de electricidad, agua potable, gas y gasolina.
La respuesta oficial, decidida por el alto gobierno nacional y estadal no ha sido actuaciones y mejoras en los servicios, sino el despliegue masivo de cuerpos militares y policiales que con todo un arsenal de armamentos, veh√≠culos blindados y decenas de efectivos, han ejecutado acciones sistem√°ticas de acosos, persecuciones y detenciones fundamentalmente a j√≥venes en las zonas populares referidas, durante varios d√≠as entre el 10 y el 20 de mayo del presente a√Īo. En particular, debemos enfatizar en los tratos crueles recibido por el joven Giovanni Meza, quien en la audiencia de presentaci√≥n en el Tribunal de Control el pasado s√°bado 23 de mayo, convulsion√≥ en dos oportunidades y, seg√ļn informe m√©dico de radiodiagn√≥stico presenta fracturas de varias de sus `arcos costales` (‚Äúcostillas‚ÄĚ). Adem√°s de la detenci√≥n en la ciudad de El Tocuyo del joven con `Sindrome de Down` Luis P√©rez quien no participaba en protesta p√ļblica alguna.

El saldo que tales actuaciones militares y policiales a todas luces desproporcionadas, indiscriminadas e ilegales, ha sido altamente violatorio de los derechos a la manifestaci√≥n p√ļblica, al debido proceso, a la inviolabilidad del hogar, a la integridad f√≠sica. Las imputaciones recibidas por los j√≥venes est√°n basadas en pruebas forjadas de posesi√≥n de objetos incendiarios que no se encontraron en sus hogares; se les acusa de actos en las v√≠as p√ļblicas y fueron detenidos arbitrariamente en allanamientos sin √≥rdenes judiciales en sus residencias de los cuales fueron sacados incluso sin calzados y camisas.
Dadas estas flagrantes violaciones a los derechos humanos de tales j√≥venes y de sus comunidades agredidas, como la Urb. Sucre la cual desde abril del a√Īo 2017 est√° sometida a un recurrente acoso militar y policial y a agresiones peri√≥dicas de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, Polilara y la GNB, la REDHELARA exige:
La inmediata liberación de los jóvenes detenidos arbitrariamente, quienes sin haber cometido delito alguno se les ha imputado cargos sin pruebas consistentes.

Se practiquen evaluaciones forenses independientes a los j√≥venes Giovanni Meza y Luis P√©rez, para determinar los da√Īos sufridos por el primero de ellos producto de los tratos recibidos durante su detenci√≥n y la condici√≥n neurol√≥gica de ambos.

Se someta a investigaci√≥n por parte del Ministerio P√ļblico a los funcionarios de las FAES a cargo del Jefe de la Brigada, Oficial Jos√© Arias, quienes actuaron en los allanamientos, detenci√≥n y en los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los j√≥venes apresados en la Urb. Sucre el d√≠a 20 de mayo presente.

Exigimos el cese total de la escalada represiva que ordena el alto gobierno nacional y estadal contra la poblaci√≥n indefensa, la cual de manera pac√≠fica seguir√° reclamando sus derechos a la calidad de vida y los servicios p√ļblicos que le corresponden.

Exhortamos a los Colegios de Médicos y Psicólogos a emitir sus declaraciones con respecto a estos eventos atentatorios contra la integridad física y psicológica de nuestra población y a las distintas organizaciones de la sociedad civil larense a repudiar estos graves eventos represivos contra nuestra población.
Incentivamos a la ciudadanía a mantenerse alerta y pendiente de la represión en cualquier parte del estado y exigir el respeto y la defensa de los derechos humanos

Exigimos a la Defensor√≠a del Pueblo y al Ministerio P√ļblico la protecci√≥n de las v√≠ctimas y sus familiares. Familias que tienen a√Īos siendo excluidas, acosadas y perseguidas por los cuerpos de seguridad en las ciudades de Carora, El Tocuyo y Barquisimeto.

Nos comprometemos a documentar exhaustivamente estas violaciones a los DDHH para enviar informes a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH (OACNUDH) en Caracas y en Nueva York, la Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de DDHH de la ONU y al Mecanismo de Seguimiento de violaciones a los DDHH en Venezuela (MESEVE) de la Comisión Interamericana de DDHH.

EU

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