Un tribunal de apelaciones de Venezuela ratificó este viernes la condena de 13 años y siete meses de prisión para el expresidente de la mayor filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos, Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk, y a otros cinco directivos de esa empresa a ocho años y 10 meses.
La Sala Nueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas confirmó la sentencia del Tribunal Primero de Primera Instancia de la misma ciudad, de acuerdo a un comunicado de prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A Pereira Ruimwyk se le confirmó la sentencia por los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista, asociación para delinquir, además de una multa de 2 millones de dólares «equivalentes al 40 % del valor de los bienes objeto de delito».
Asimismo, la Corte de Apelaciones ratificó la condena para los ciudadanos Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina por los delitos de concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir.
Los exdirectivos de la filial venezolana fueron condenados el pasado 26 de noviembre de 2020.
El 21 de noviembre de 2017, el fiscal chavista, Tarek Saab, informó sobre la detención de estos ciudadanos luego de que firmaran contratos que «comprometían el patrimonio nacional y el futuro» de la filial de PDVSA «sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional».
«La alta gerencia de Citgo (…) el pasado 15 de julio del año 2017 firmó un acuerdo internacional con las empresas Frontier Group Management y Apolo Global Management, basándose en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y del 2015», dijo Saab en aquel momento.
Esto, explicó el fiscal, para solicitar préstamos «bajo condiciones leoninas, desfavorables» para la industria petrolera venezolana y «ofreciendo como garantía» la propia filial.
En abril de 2021 les fue dictada una medida de arresto domicilario, aunque fueron devueltos a prisión el 16 de octubre pasado.
¿Pase de factura?
Su abogada, María Alejandra Poleo, informó en ese momento a Efe que los seis exdirectivos, cinco de los cuales son ciudadanos estadounidenses y uno residente permanente, fueron llevados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.
La detención se produjo luego de que se conociera la extradición de Alex Saab -presunto testaferro de Nicolás Maduro- de Cabo Verde, donde estaba detenido desde hace más de un año y medio, a Estados Unidos para ser juzgado por delitos de corrupción, un hecho que Poleo relaciona con la vuelta a prisión de sus defendidos.
«Y como consecuencia de la extradición de Alex Saab, nuevamente los seis de Citgo son utilizados como monedas de cambio. Fueron trasladados al Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) para un presunto examen médico», escribió inicialmente en Twitter la abogada, quien agregó que esperaba que «vuelvan a su casa por cárcel», pero no ocurrió.
El pasado 14 de diciembre, Estados Unidos confirmó que una delegación del Departamento de Estado se trasladó a Venezuela para una «visita consular» a ciudadanos estadounidenses detenidos en ese país.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, aseguró en una conferencia telefónica con periodistas que se trató de «una visita consular».
«El derecho de las visitas consulares es algo que tiene una historia milenaria en la diplomacia y eso fue el motivo de la visita», zanjó el funcionario, sin que precisara mayores detalles.
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