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sábado, 18 de mayo del 2024
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MUNICIPIO MARACAIBO | Abogados de Guillermo: «Hay una responsabilidad penal, pero tiene derecho a la vida y salud»

Los juristas, quienes en el documento no se identificaron unipersonalmente ni como un bufete asociado, catalogaron como “una brutal arremetida” las declaraciones hechas desde el pasado martes 09 de enero por el abogado Morly Uzcátegui, defensa de la familia de Adriana. En el escrito precisaron: “Estamos conscientes que ese fatídico día ocurrió una desgracia que afecta a todos los involucrados», pero aclararon es necesario respetarlo a él y su familia

El equipo de abogados de Guillermo Martínez, preso por los delitos de Homicidio Intencional a Título de Dolo Eventual, en contra de Adriana Mendoza; y Homicidio en Grado de Frustración, por los hermanos Chávez, rompió el silencio 21 días después del fatal accidente ocurrido en la Autopista Uno.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, que hicieron llegar a la redacción de Versión Final, la defensa del conductor de 32 años planteó varios puntos que se han ventilado a través de redes sociales y medios de comunicación desde la fatídica madrugada de aquel lunes 1 de enero.

Los profesionales del Derecho argumentaron que no hubo un pronunciamiento previo de los Martínez por respeto al duelo que atraviesa la familia Nava, ante el lamentable fallecimiento de Adriana, y por la condición de salud en que se encuentran Luciana y Luis Chávez.

En el escrito precisaron: “Estamos conscientes que ese fatídico día ocurrió una desgracia que afecta a todos los involucrados, pero es necesario aclarar a la opinión pública, que desde que el hecho ocurrió ha habido un manejo del caso por parte de las autoridades apegado a la constitución y al procedimiento establecido en el COPP, ya que nuestro representado fue aprehendido por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el hecho, pero por su condición delicada de salud, por cuanto también salió gravemente lesionado en el suceso de tránsito y se encontraba inconsciente en el hecho”.

Los juristas, quienes en el documento no se identificaron unipersonalmente ni como un bufete asociado, catalogaron como “una brutal arremetida” las declaraciones hechas desde el pasado martes 09 de enero por el abogado Morly Uzcátegui, apoderado judicial de la mamá de Adriana, y les “sorprende la falta de ética profesional con la que este colega ha manejado la información ofrecida a los medios de comunicación”.

Alegaron que está “(…) tratando de crear una matriz de opinión en perjuicio de nuestro representado Guillermo Rafael (Martínez), dando información totalmente tergiversada de lo que hasta ahora ha recabado la Fiscalía Novena del Ministerio Público (…) ha dicho aseveraciones públicas sobre nuestro defendido que están incitando al odio hacía Guillermo, tanto a los familiares de las víctimas, como a la colectividad marabina”.

Asimismo, acotaron que “nosotros como defensores de Guillermo Rafael Martínez, desde el día de su presentación hemos reconocido que hay una responsabilidad penal por parte de Guillermo, pero que solicitamos se realice una investigación penal, objetiva, exhaustica y suficiente para determinar el grado de responsabilidad penal en que se encuentra incurso nuestro representado”.

La defensa privada del conductor de la Renault Kangoo, quien 1 de enero condujo en contravía por el canal rápido de la C-1 e impactó de frente contra el Nissan Sentra donde viajaban Adriana, Luis y Luciana, dijo que Guillermo “desde temprana edad trabaja para apoyar a su familia, también es padre de dos hijos de 07 y 10 años de edad, que ya son conscientes de la situación que está viviendo su progenitor”.

Aseguraron que “con esta actuación irresponsable del apoderado de progenitora de Adriana, se les está causando un daño psicológico en su entorno social y escolar”.

Nosotros queremos hacer del conocimiento colectivo, que nuestra labor como abogados es cumplir con el juramento constitucional de defender los derechos de nuestro representado, y exigir que se le trate con las garantías que contempla el debido proceso, sin vulnerarle sus derechos, en especial su derecho a la VIDA y a la SALUD”, dijeron.

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