Mientras el chavismo afirmaba que el activista político Fernando Albán saltó desde la ventana del décimo piso de un edificio de la policía, un juez del tribunal federal de distrito de Miami dictó una sentencia de decenas de millones de dólares, al considerar que la víctima murió en un “asesinato por encargo”.
A pesar de los supuestos intentos de los acusados de intimidar a la familia Albán, la sucesión presentó una demanda por violación de la Ley Antiterrorista de Florida, la ley federal RICO civil (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión en español, y agravios de derecho común contra el cártel, una asociación delictiva con sede en Venezuela.
El tribunal dictaminó que los demandantes presentaron alegaciones plausibles suficientes para establecer dos demandas federales RICO contra el cártel, y por lo tanto estableció la competencia federal en la materia. El tribunal también dictaminó que tenía jurisdicción suplementaria sobre las reclamaciones de la ley estatal derivadas de los mismos hechos operativos.
El tribunal federal también consideró que tenía jurisdicción personal sobre el cártel, porque el grupo supuestamente cometió actos ilícitos en el distrito sur de Florida.
Habiendo establecido tanto la competencia material como la personal, el tribunal consideró que los demandados habían sido debidamente notificados y que no habían respondido a la demanda. Esto justificó una sentencia en rebeldía.
Ahora, el juez de distrito Darrin P. Gayles del Distrito Sur de Florida ha dictado una sentencia de 73 millones de dólares contra los demandados, según reseña el portal Primer Informe.
Con información de Versión Final.