Alvarado Ochoa aseguró en un escrito remitido al juzgado que PDVSA lleva doce meses sin responder a esta solicitud de supuestas irregularidades cometidas, para ello la Audiencia Nacional le solicitó actas y acuerdos de aprobación del Comité de Operaciones de la petrolera venezolana para probar sus acusaciones contra él.
Este caso es llevado por el Juzgado Central de Instrucción número 3, donde PDVSA presentó querella contra Alvarado Ochoa, acusándolo de impulsar operaciones sospechosas mientras ejerció como presidente de Bariven (filial de PDVSA).
Alvarado Ochoa, por su parte, mantiene que ocurrió lo contrario y que fue él quien propuso investigaciones internas al detectar movimientos millonarios injustificados. indicando que desde el año 2011 intentó trasladar estos hechos a las autoridades venezolanas y con la policía española, negando acusaciones como la que le efectúa la defensa de la mercantil, que le atribuye haber aprobado una propuesta de pagos a una serie de empresarios (entre ellos Nervis Villalobos) en mayo de 2013, indicando que había renunciado el 30 de abril a su cargo como presidente.
PDVSA adjuntó en su querella inicial un documento que contenía un total de 2.640 operaciones de compra en las tendría participación directa Alvarado Ochoa. Sin embargo, dos años después, el exdirectivo advierte que en el USB aportado por la mercantil, lejos de estar la totalidad de los contratos figuran, únicamente, 14 de ellos.
«PDVSA, al afirmar en su escrito de 2 de diciembre de 2020 que en el USB que aporta se encuentran los 2.640 purchasing contracts faltó clamorosamente a la verdad y, bajo el paraguas de un USB con múltiples documentos, pretende ocultar a ese juzgado que no está aportando los documentos que le fueron requeridos», reza la defensa de Alvarado Ochoa en su escrito. La misma recuerda que, a la solicitud de abril se adhiere la formulada en junio, cuando de nuevo reiteraron la necesidad de que presentase las pruebas que tienen contra el exdirectivo de PDVSA.
El exviceministro indicó que las actividades de Bariven eran supervisadas y controladas por los órganos de gobierno corporativo de la petrolera, defendiéndose que la selección de las empresas proveedoras y la adjudicación de los proyectos se decide desde la cúpula de la empresa estatal, es decir personas de máxima confianza del líder del régimen, Nicolás Maduro.
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