El programa migratorio «Quédate en México», restablecido este lunes por el gobierno estadounidense de Joe Biden para cumplir una orden judicial, ahora afecta también a los haitianos, a diferencia de la primera versión de la administración de Donald Trump, que se fue endureciendo con el tiempo.
Estas son cinco claves sobre el tema.
Antecedentes
Los Protocolos de Protección al Migrante (conocidos informalmente como «Quédate en México» o MPP) fueron introducidos por el gobierno del republicano Donald Trump en enero de 2019.
Según el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), durante casi dos años unas 70.000 personas fueron enviadas de regreso a México para esperar el resultado del proceso de solicitud de asilo, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
No obstante, el gobierno del demócrata Biden, quien asumió el cargo en enero de 2021, es contrario a esta política.
Cuando Biden llegó a la Casa Blanca los procesos judiciales estaban congelados por la pandemia y se aplicaba sobre todo el Título 42, una restricción fronteriza que permite expulsar a migrantes para evitar la propagación del Covid-19.
Más tarde, el gobierno permitió que 13.000 migrantes solicitaran asilo desde un lugar seguro en Estados Unidos, pero un juez federal de Texas ordenó en agosto que se restableciera el MPP «de buena fe«.
Países afectados
Según el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el programa se aplica «a los nacionales de cualquier país del Hemisferio Occidental que no sea México«. Esto significa que abarca a las Américas en su conjunto y por lo tanto a Haití y otros estados del Caribe.
Bajo el mandato de Trump, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza excluyó inicialmente a las personas de países donde el español no fuera el idioma principal, aunque en enero de 2020 el DHS anunció oficialmente que lo ampliaba a los ciudadanos brasileños.
¿Quién queda excluido?
-Cualquiera que demuestre una probabilidad razonable de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. O bien una posibilidad razonable de sufrir torturas en México.
– Los niños no acompañados.
– Las personas vulnerables (enfermos, discapacitados o con problemas médicos por embarazo).
– Las personas de edad avanzada.
– Aquellos bajo riesgo por su orientación sexual o identidad de género.
– Los residentes permanentes legales y las personas con permiso de reingreso (autorizadas a volver a entrar en el país si salieran de él pese no tener estatus de residente permanente).
– Personas con antecedentes penales o de interés policial para Estados Unidos o México.
Durante el mandato de Trump ya quedaban excluidas las personas en «circunstancias especiales» (con problemas de salud física o mental, antecedentes penales o de violencia) y si un oficial de migración determinaba que tenía «más probabilidades» de sufrir tortura o persecución en México.
Mejoras
Se garantiza el acceso a un abogado y la espera en un lugar seguro de la frontera y, si no fuera posible, en otras ciudades del interior de México. Ninguna debe esperar más de «180 días», es decir seis meses, para conocer el resultado de la solicitud de asilo y debe tener acceso a las vacunas contra el covid-19 y atención médica.
Las autoridades velarán por la seguridad durante el traslado entre Estados Unidos y México y entre los albergues y los tribunales.
El DHS afirma que se respetará la unidad familiar, entendida como un grupo formado por al menos un menor acompañado de sus padres o tutores legales.
Durante el periodo Trump, la decisión de enviar de vuelta a las personas fue muchas veces discrecional y esto provocó separaciones familiares.
El DHS informó en septiembre pasado que se ha identificado a 3.913 niños separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México entre el 1 de julio de 2017 y el 20 de enero de 2021.
¿Por cuánto tiempo?
El secretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, se propone terminar con el MPP. El Departamento ha apelado el fallo del tribunal. «Se pondrá fin al MPP tan pronto como sea posible si una decisión judicial anula definitivamente la orden judicial», señala el DHS.
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NAM