La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció este lunes 14 de diciembre que, luego de haber llevado a cabo un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.
El documento hace referencia a milicias paramilitares, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
De acuerdo con el pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal de La Haya, los cuerpos de seguridad que estarían detrás de los hechos son: “La Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), las Fuerzsa de Acciones Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb)”.
La persecución política también está incluída en el reporte de la fiscal, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represeión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
“La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021″, explica.
El informe destaca que los crímenes que se habrían cometido son tortura; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.
Estos delitos están contemplados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, del que Venezuela forma parte al ratificarlo en el año 2000; es decir durante el Gobierno de Hugo Chávez.
De ser este el caso, la Fiscalía pasaría a la siguiente etapa del proceso legal, donde recabaría nueva evidencia para luego identificar a los sujetos que serían acusados formalmente por la Corte. Luego, tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares confirman la identidad de el o los sospechosos y se aseguran de que entiendan los cargos contra ellos. En una audiencia posterior determinarán, después de escuchar a las partes, si hay evidencia suficiente para iniciar el juicio, donde podrán condenar o no a los acusados.
El informe de este 14 de diciembre señala la reunión que sostuvo la Fiscalía de la CPI con el fiscal general de la República designado por la Constituyente, Tarek William Saab, y resalta la “voluntad de cooperar con el trabajo de la Fiscalía en el marco del Estatuto de Roma“.
Añaden que la Fiscalía venezolana entregó un informe “que dan respuesta al conjunto detallado de preguntas formuladas por la Fiscalía (de la CPI) en su solicitud de información”.
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