Un brazo corporativo de Citgo, la filial de refinación estadounidense de la empresa estatal venezolana Pdvsa, disolvió cuatro entidades en Aruba, donde hace tiempo se planeó renovar una planta de procesamiento de crudo.
Citgo Aruba Holding (CAH), una filial de PDV Holding, con sede en Delaware, decidió liquidar voluntariamente a Citgo Aruba Terminal NV, Citgo Aruba Marine Operations NV, Citgo Aruba Supply NV y la empresa independiente Citgo Aruba Thrift Foundation.
Citgo Aruba Refining (CAR), otra filial de CAH, sigue activa por ahora. Las liquidaciones se publicaron en el boletín oficial de Aruba, según reportó la agencia especializada Argus.
Las cuatro empresas desaparecidas se establecieron en Aruba durante 2016, cuando Pdvsa firmó un contrato de arrendamiento para rehabilitar la refinería de San Nicolás, con capacidad para procesar 235.000 barriles diarios (bd), para convertir su crudo extrapesado de la Faja Petrolera del Orinoco en crudo sintético más ligero.
Citgo Petroleum, con sede en Houston y también controlada por PDV Holding, a través de la entidad intermedia Citgo Holding, fue la encargada de ejecutar el malogrado proyecto de la refinería.
El proyecto en Aruba, que demandaba una inversión estimada en 1.100 millones de dólares, ya se tambaleaba en 2019 cuando el grupo de empresas de Citgo, incluida la refinería y sus empresas matrices pasó a estar bajo el control de la oposición política de Venezuela, respaldada por Estados Unidos, mientras que Pdvsa, con sede en Caracas, se mantiene en manos de la administración de Nicolás Maduro.
El cisma corporativo surgió del reconocimiento por parte de Estados Unidos de un gobierno interino venezolano liderado por el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, y de su imposición de sanciones petroleras a Venezuela en enero de 2019 en una campaña fallida para derrocar a Maduro, recuerda la nota de Argus.
La administración liderada por Guaidó heredó a regañadientes el proyecto de Aruba que era impopular entre los altos directivos estadounidenses de Citgo Petroleum y que nunca fue aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela.
Los repetidos retrasos del proyecto minaron la confianza de las autoridades de Aruba en la capacidad de Venezuela para llevarlo a cabo. Pdvsa culpó a las sanciones financieras estadounidenses impuestas en 2017.
Para liquidar el negocio de Aruba que ya se dio por terminado en 2020, PDV Holding cuenta con una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, que administra las sanciones.
Ahora que los lazos con Aruba se han cortado en su mayor parte, PDV Holding tiene una distracción menos de su enfoque principal: defender a la propia Citgo de múltiples acreedores, incluyendo a la antigua empresa minera canadiense Crystallex, ConocoPhillips y los tenedores de bonos de Pdvsa 2020 que están presionando sus demandas en los tribunales estadounidenses.
Mejorador paralelo
En virtud del contrato de arrendamiento firmado en 2016 por el fallecido director general de Pdvsa y ex director general de Citgo, Nelson Martínez, con el gobierno de Aruba, Citgo Aruba Refining (CAR) debía reformar las instalaciones y construir un gasoducto de 110 kilómetros, desde la planta de tratamiento de Tiguadare, en Venezuela, para hacer funcionar el complejo.
Alrededor de 209.000 barriles por día (bpd) de petróleo crudo diluido (DCO) procedente de la Faja de petróleo pesado del Orinoco debían convertirse en 125.000 bpd de syncrude de 22,5° API similar al maya con entre 1,2% y 1,5% de azufre.
Como una réplica de los mejoradores integrados de Pdvsa dentro de Venezuela, la nafta extraída se reciclaría en el país y se venderían los subproductos de azufre y coque.
Aruba es una de las islas holandesas del Caribe que formaban parte de la red logística de Pdvsa, ya que ofrece puertos de aguas profundas, servicios de transbordo y suministro, refinado y almacenamiento.
Gracias a la jurisdicción legal holandesa que facilita los embargos relacionados con crecida deuda de Pdvsa, ConocoPhillips y una serie de otros acreedores apuntaron a los activos de la empresa estatal venezolana y a los cargamentos que pasaban por las islas, en un esfuerzo por cobrar los pasivos atrasados.
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