Barquisimeto.- La Red de Derechos Humanos en Lara condenó lo que califica de una brutal oleada represiva por partes de los cuerpos de seguridad del estado en contra de una población desarmada que ejerce un derecho legítimo contemplado en la Constitución Bolivariana como es la protesta ciudadana en rechazo al colapso de los servicios públicos.
A través de un comunicado oficial, Redhelara, exigió el cese de la represión y calificó de violencia desproporcionada la actuación de los componentes militares y policiales de la entidad.
Desde el día 10 de mayo del presente año -dice el comunicado- el estado Lara se ha visto conmocionado por la intensa y brutal oleada represiva de cuerpos militares y policiales que ante el clamor y la legítima protesta ciudadana por el colapso de los servicios públicos, han acosado, allanado, detenido y tratado cruelmente a 25 ciudadanos que exigían atención a las necesidades fundamentales de sus comunidades.
Los continuos y cada vez más prolongados cortes de electricidad, en medio de crónicos déficits de otros servicios, ha motivado que en las comunidades de El Malecón y la Urbanización Sucre en Barquisimeto y en barrios de El Tocuyo y Carora (Barrio Torrellas), se hayan efectuado manifestaciones de exigencia de servicios con un saldo de severas violaciones a los derechos humanos de estas personas y sus comunidades.
Ante esta evidente escalada de violencia militar y policial desproporcionada, la Red de Derechos Humanos del Estado Lara (Redhelara) emite las siguientes consideraciones y exigencias:
Distintos estudios de Observatorios de Servicios Públicos y de grupos ciudadanos que monitorean tales servicios han señalado un paulatino incremento en el deterioro de su prestación y un aumento en sus déficits, lo cual se ha traducido en una severa desmejora de la calidad de vida ya afectada de la población, en especial de su salud física y psicológica.
En medio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, de las restricciones de circulación de la población y de su obligado confinamiento en sus hogares, tales afectaciones se han agudizado. Por lo cual grupos crecientes de la población, en ejercicio legítimo y constitucionalmente previsto de su derecho a la manifestación pública, le han hecho saber a las autoridades responsables, a través de “Cacerolazos”, su inconformidad, malestar y exigencias, especialmente, por el pleno restablecimiento de los servicios de electricidad, agua potable, gas y gasolina.
La respuesta oficial, decidida por el alto gobierno nacional y estadal no ha sido actuaciones y mejoras en los servicios, sino el despliegue masivo de cuerpos militares y policiales que con todo un arsenal de armamentos, vehículos blindados y decenas de efectivos, han ejecutado acciones sistemáticas de acosos, persecuciones y detenciones fundamentalmente a jóvenes en las zonas populares referidas, durante varios días entre el 10 y el 20 de mayo del presente año. En particular, debemos enfatizar en los tratos crueles recibido por el joven Giovanni Meza, quien en la audiencia de presentación en el Tribunal de Control el pasado sábado 23 de mayo, convulsionó en dos oportunidades y, según informe médico de radiodiagnóstico presenta fracturas de varias de sus `arcos costales` (“costillas”). Además de la detención en la ciudad de El Tocuyo del joven con `Sindrome de Down` Luis Pérez quien no participaba en protesta pública alguna.
El saldo que tales actuaciones militares y policiales a todas luces desproporcionadas, indiscriminadas e ilegales, ha sido altamente violatorio de los derechos a la manifestación pública, al debido proceso, a la inviolabilidad del hogar, a la integridad física. Las imputaciones recibidas por los jóvenes están basadas en pruebas forjadas de posesión de objetos incendiarios que no se encontraron en sus hogares; se les acusa de actos en las vías públicas y fueron detenidos arbitrariamente en allanamientos sin órdenes judiciales en sus residencias de los cuales fueron sacados incluso sin calzados y camisas.
Dadas estas flagrantes violaciones a los derechos humanos de tales jóvenes y de sus comunidades agredidas, como la Urb. Sucre la cual desde abril del año 2017 está sometida a un recurrente acoso militar y policial y a agresiones periódicas de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, Polilara y la GNB, la REDHELARA exige:
La inmediata liberación de los jóvenes detenidos arbitrariamente, quienes sin haber cometido delito alguno se les ha imputado cargos sin pruebas consistentes.
Se practiquen evaluaciones forenses independientes a los jóvenes Giovanni Meza y Luis Pérez, para determinar los daños sufridos por el primero de ellos producto de los tratos recibidos durante su detención y la condición neurológica de ambos.
Se someta a investigación por parte del Ministerio Público a los funcionarios de las FAES a cargo del Jefe de la Brigada, Oficial José Arias, quienes actuaron en los allanamientos, detención y en los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los jóvenes apresados en la Urb. Sucre el día 20 de mayo presente.
Exigimos el cese total de la escalada represiva que ordena el alto gobierno nacional y estadal contra la población indefensa, la cual de manera pacífica seguirá reclamando sus derechos a la calidad de vida y los servicios públicos que le corresponden.
Exhortamos a los Colegios de Médicos y Psicólogos a emitir sus declaraciones con respecto a estos eventos atentatorios contra la integridad física y psicológica de nuestra población y a las distintas organizaciones de la sociedad civil larense a repudiar estos graves eventos represivos contra nuestra población.
Incentivamos a la ciudadanía a mantenerse alerta y pendiente de la represión en cualquier parte del estado y exigir el respeto y la defensa de los derechos humanos
Exigimos a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público la protección de las víctimas y sus familiares. Familias que tienen años siendo excluidas, acosadas y perseguidas por los cuerpos de seguridad en las ciudades de Carora, El Tocuyo y Barquisimeto.
Nos comprometemos a documentar exhaustivamente estas violaciones a los DDHH para enviar informes a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH (OACNUDH) en Caracas y en Nueva York, la Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de DDHH de la ONU y al Mecanismo de Seguimiento de violaciones a los DDHH en Venezuela (MESEVE) de la Comisión Interamericana de DDHH.
EU
