Personal docente y demás trabajadores de La Universidad del Zulia (LUZ), atendiendo una convocatoria del movimiento sindical Concertación Laboral Zuliana, en el cual se circunscribe el gremio docente de la Universidad, se concentró en la sede nueva del Rectorado para ejecutar una enérgica manifestación contra la medida “arbitraria” que el Ejecutivo nacional tomó en relación con el nuevo esquema de distribución de los recursos para pago de nóminas a todo el personal universitario a través del Sistema Patria y por el retraso en el pago de la última quincena aun en deuda.
La presidenta de la APUZ, profesora Molly González calificó de exitosa la protesta, que además se extendió a los núcleos Punto Fijo y Cabimas de la máxima casa de estudios. Indicó que será el primero de una serie de pasos a seguir para fortalecer la exigencia y lograr el objetivo que no es otro que retomar la normalidad en la modalidad de los pagos.
“Protestamos enérgicamente para rechazar la violación del artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que otorga rango constitucional a la autonomía universitaria con la arbitraria decisión de pasar todos los pagos a la Plataforma Patria y es pertinente decir, en referencia al tema de los pagos, que al día de hoy ningún trabajador de la Universidad ha cobrado su quincena”.
Destacó que existe incertidumbre y desinformación: “No conocemos ese sistema (Patria), no sabemos si han bajado los recursos a esa plataforma que no manejamos, de manera que el Ejecutivo nacional secuestró, confiscó los recursos para la cancelación de salarios de los trabajadores universitarios”.
Núcleo Punto Fijo
“La APUZ Punto Fijo concentró un importante número de agremiados en la antigua Plaza Obrera de esa ciudad de la Península de Paraguaná e igualmente el personal de la Universidad Católica Lisandro Alvarado de Barquisimeto (UCLA) también protagonizó la movilización”.
Los docentes esperan respuestas concretas e inmediatas sobre sus peticiones antes de iniciar, por las vías legales, acciones más contundentes.
Aseguran no estar cerrados al diálogo ni a la concertación con el Estado, pero rechazan que el Estado “imponga” medidas y “obligue” a las instituciones autónomas a acomodarse a decisiones que no cuentan con el respaldo de la mayoría de los involucrados.
NAM