Una situación irregular mantiene preocupado a los vecinos del municipio Simón Bolívar, en la Costa Oriental del estado Zulia, y es que desde comienzos de este año se están llevando a cabo desalojos habitacionales por parte de funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), con la excusa de nuevas asignaciones.
Más de 100 personas se reunieron en el estadio ubicado entre Miramontes y La Ceiba de Tía Juana el pasado miércoles junto a los diferentes consejos comunales, para determinar los pasos que llevarán a todas las instancias y evitar atropellos de la empresa petrolera.
“Los gerentes están diciendo que hay un procedimiento de entrega de viviendas y están sacando a quienes viven ahí desde hace años. El alegato es que la casa está sola y eso es mentira. Todos en la reunión coincidimos que esa gente quiere es meter a sus amigos y que ese proceso es ilegal, según nos han orientados algunos abogados. Iremos a fiscalía”, detalló Maribal Daboin, jubilada de Pdvsa.
Quienes llevaban las órdenes de nuevos beneficiados, iban acompañados por funcionarios militares que rodeaban las casas para impedir el acceso. Como mencionaron durante la actividad, estos solo solicitaron el desalojo rotundo sin brindar mayores detalles en los sectores Miralago, Campo Verde, El Prado, Campo Venezuela y Miramontes.
En la Costa Oriental del Lago, existen diferentes campos petroleros que desde siempre han dependido únicamente de Pdvsa. Por lo que las casas eran asignadas a trabajadores de la compañía, sin excepción. Al morir el empleado, un allegado debía tomar su puesto para recibir los beneficios habitacionales.
Por Jhorman Cruz
Vigente el estado de alarma decretado por el Ejecutivo Nacional, desde el 13 de marzo de 2020 y que aún está vigente, están prohibidos los desalojos en todo el país. Esto no excluye a empresas públicas o privadas. Además desde hace más de dos años por decisión del TSJ también se prohibieron los desalojos. El desalojo es la decisión final después de agotar la vía administrativa y judicial, con sentencia definitivamente firme dictada por un Tribunal; más aún cuando los habitantes de los campamentos petroleros tienen más de 20,30, 40 y hasta más de 50 años poseyendo en forma pacífica e ininterrumpida los inmuebles, y como ciudadanos «todos adultos mayores» a quien la Constitución y la Ley protegen, tiene derecho al debido proceso y trato digno.