La tensión social crece, además de la crisis económica del país, también a causa de la precariedad que se vive en dos de las entidades más golpeadas por la debacle nacional en el sistema de servicios públicos, que el gobierno de Nicolás Maduro no ha mejorado ni atendido: los estados Táchira y Mérida, ambos administrados por gobernadores opositores al chavismo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, advirtió este miércoles que a pesar de las amenazas del gobierno de Maduro, “los venezolanos seguirán tomando las calles para presionar al régimen”.
Esto implica que el líder opositor mantendrá activa su estrategia de inducir presión civil para generar condiciones sociales y políticas internas que, aunado a la presión financiera de EEUU y la presión diplomática, obligue así al gobierno del chavismo a negociar el poder o la celebración de una nuevas elecciones presidenciales, aunque hasta ahora Maduro se muestra renuente a ese potencial escenario.
“¡Que se prepare el dictador, porque nos encontrarán en las calles! A pesar de las amenazas de la dictadura, Táchira es ejemplo de coraje. Más de 21 horas sin electricidad y deciden salir a la calle, aunque la dictadura los quiera invisibilizar”, indicó jefe del Parlamento en su cuenta de Twitter.
Desde ayer, martes 18 de febrero, los estados andinos de Táchira y Mérida se encuentran a oscuras y prácticamente paralizados debido a un apagón que los desconectó del sistema eléctrico nacional. Por esa razón, la gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, denunció que su entidad está sumida en una “emergencia eléctrica producto de la negligencia del gobierno de Maduro”.
Guaidó anunció que no permitirá que el gobierno chavista silencie la grave crisis que está pasando en Táchira y Mérida. “Vamos a comenzar una articulación y organización específica para presionar una solución. Y que no se confundan en Miraflores: Caracas no está dormida, sino esperando el momento propicio”, afirmó.
Hasta ahora, el control político, económico, social y territorial de la capital del país lo mantiene el gobierno de Maduro y su complejo aparato militar. No obstante, las sanciones de EEUU han mermado su capacidad para sostener la estructura financiera con la cual garantiza la distribución de rentas y poder en el alto mando castrense que lo mantiene en la Presidencia de la República.