El fiscal general de la República, Tarek William Saab, afirmó que desde el Ministerio Público, se aplicará todo el peso de la ley contra las personas o tramas delictivas, que comercializan con los medicamentos que otorga el Estado de manera gratuita, para el tratamiento del COVID-19.
«Se trata de un médico colombiano que, con algunos cómplices, comercializaba medicamentos que otorga el Estado de forma ejemplar y gratuita», dijo durante la rueda de prensa desde la del Ministerio Público en Caracas, y en la que anunció los nuevos avances en las investigaciones sobre este caso.
«Esta trama nos ha permitido hilar hasta dónde podría llegar esta práctica en otros lugares. Contra ellos deben caer todo el peso de la ley», aseguró al mismo tiempo que reconoció la labor de los médicos venezolanos en la lucha contra la pandemia por el COVID-19 a quienes catalogó de «héroes».
Por este caso de venta ilícita explicó que fue detenido un ciudadano colombiano, identificado como Antonio José Amell Cantillo, médico residente de Medicina Interna en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), ubicada en Valencia.
«En Colombia se ha pretendido armar un escándalo por la detención de este médico: se han pronunciado un grupo de congresistas y la Cancillería de ese país, haciendo ver que se trata de una detención arbitraria y de que su vida corre peligro», pero resaltó que en realidad corrían peligro las personas que cayeron en sus manos.
Las actuaciones se produjeron tras un trabajo de inteligencia realizado por el Ministerio Público con la Policía Nacional contra la Corrupción y el Sebin como órganos auxiliares, con quienes mantenían contacto desde el primer momento a través de denuncias que hicieran los familiares de los pacientes.
«Amell captaba a los familiares y les informaba que el hospital centinela no tenía recursos médicos, y que él podía conseguir cada ampolla de Remdesivir por un costo de 800 dólares, cuando el Ministerio de la Salud lo entrega gratuitamente», acotó.
Igualmente entre las denuncias está el hecho de que se dirigía a las personas a comercios cercanos al hospital a los fines de que imprimieran las plantillas de ingreso a dicho centro hospitalario, para lo cual también debían pagar.
Saab dijo que la investigación condujo a los dueños de cinco farmacias privadas, para vender los medicamentos que eran sustraídos del hospital. Por esto, el Director de ese hospital, Alexis Rivera, está siendo investigado para determinar si hubo complicidad de su parte.
«Estamos hablando de un delincuente, no de una detención arbitraria para perjudicar a sus connacionales colombianos; como quieren hacer ver desde el vecino país», advirtió.
El titular del MP calificó este hecho como una deplorable violación de códigos éticos del ejercicio de la medicina.
Investigaciones
«El pasado 3 de septiembre, la subdirectora de la CHET le ordenó a este galeno el ingreso del paciente José Reyes de 74 años; a quien le indicaron 4 ampollas de Remdesivir; el médico estableció contacto con familiares de un fallecido, quienes habían adquirido previamente el medicamento y acordó la adquisición por un monto de 1.800 dólares y su posterior venta por 3.200 dólares al ingresado Carlos Reyes», precisó.
«A Reyes le fue administrada una única dosis el 4 de septiembre a las 11.30, pues falleció 45 minutos después». Mencionó que para el momento de su detención hallaron en su residencia insumos médicos y medicamentos, entre ellos, 55 recipientes de polvo liofilizado para dilución, 132 viales y 15 envases de solución fisiológica producidos para uso hospitalario exclusivo en Colombia.
Junto a él fue detenida Francis Margarita Aguiar Salazar, representante de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás de Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera; donde se incautaron planillas y formularios de documentos; «Estos eran utilizados en la administración de servicios médicos del hospital, además de medicinas de distribución gratuita otorgadas por los programas sociales del Estado».
A Antonio Amell se le imputa por concusión, contrabando de extracción y asociación para delinquir. A Francis Aguiar se le imputan por forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.
«No deja de ser costumbre que autoridades colombianas se pronuncien en defensa de este delincuente, que no por ser médico tiene una patente de corso para hacer lo que quiera y actuar impunemente», expresó al tiempo que cuestionó los procedimientos judiciales en Colombia, citando los casos específicos de Clíver Alcalá o la detención de los hermanos Sequea en Colombia.
«Me gustaría verlos entregando a las autoridades venezolanas a estos terroristas para que sean juzgados por los crímenes que han cometido contra el pueblo venezolano», instó.
«El Presidente Duque lanzó un decreto por encima del sistema de justicia para evitar la extradición de Joel Palmar a Venezuela para hacerle un favor a Luisa Ortega Díaz; quien le perdonó varios delitos cuando fue Fiscal General de la República», fustigó de manera reiterada.