La corrupción sigue haciendo mella como el fenómeno endémico de mayor daño y perjuicio en la sociedad venezolana. Ese flagelo se encuentra enclaustrado en una parte de la clase política del país, pues el dinero fue el factor clave que determinó las voluntades políticas que dieron origen al golpe de Estado al Parlamento ocurrido ayer en el Palacio Federal Legislativo (Caracas), donde se dio un altercado de la Guardia Nacional, activistas y políticos chavistas, junto a diputados opositores que rechazan la gestión de Juan Guaidó, tras lo cual juramentaron a Luis Parra, diputado vinculado a la trama de corrupción de los CLAP, como nuevo presidente de la AN en paralelo a la presidencia de Guaidó como jefe del Parlamento legítimo.
Y es que la diputada Nora Bracho, aliada de Guaidó en la AN, aseguró que la llamada Operación Alacrán, con la que el gobierno de Nicolás Maduro intentó sobornar a los parlamentarios vinculado al monopolio de la importación de los Clap, constó de dos etapas.
En una entrevista ofrecida a Unión Radio, la legisladora del estado Zulia denunció que sus colegas que votaron este domingo por Luis Parra les ofrecieron dinero en dos partes.
“Les dieron USD 300.000 en diciembre y el resto ayer. La cifra ofrecida va entre un millón y 1 millón 500 mil dólares”, denunció Bracho.
Esto implica que el gobierno de Maduro utilizó una estrategia de distribución de rentas y prebendas políticas para frenar y alterar las voluntades electorales de esos diputados con el objetivo de romper el quórum que, de manera jurídicamente válida, le daría la reelección a Guaidó como presidente del Parlamento para este período 2020.
Aun así, la facción parlamentaria legítima sesionó en otro recinto y mantuvo su quórum necesario para darle legalidad a la ratificación de Guaidó como líder del Poder Legislativo que los venezolanos eligieron el 6 de diciembre de 2015 al ponerle fin al dominio del chavismo sobre ese organismo, que hace y promulga las leyes de Venezuela.