La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el presunto delito de homicidio calificado tras la violencia policial en las protestas en su contra que comenzaron en 2022.
La denuncia también incluye a los ministros de Estado Alberto Otárola, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
La fiscal acusa a Boluarte y los ministros de haber incurrido en «negligencia inexcusable» en la supervisión de las fuerzas de seguridad, lo que habría llevado a la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, de 25 años, y a las lesiones graves de Renato Murillo Reyes, de 23 años.
La denuncia fue presentada ante el Congreso de Perú, que deberá decidir si abre un proceso de destitución contra Boluarte.
Si el Congreso aprueba la denuncia, Boluarte sería suspendida de su cargo y el Congreso tendría que elegir a un nuevo presidente.
La denuncia de la fiscal Benavides es un nuevo golpe para el gobierno de Boluarte, que ya está bajo investigación por una presunta red de corrupción.
Benavides también anuncia investigaciones a otros funcionarios
En un mensaje grabado, Benavides anunció que el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) ha formalizado investigación preparatoria a otros presuntos autores -no aforados- de los referidos hechos ilícitos.
«Continuaremos con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables por las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de este año, así como todos los casos emblemáticos de lo que se hace cargo el Ministerio Público, porque es a ustedes, peruanos y peruanas, a quienes debemos nuestro trabajo y no a quienes intentan poner obstáculos para que se conozca la verdad», dijo.
La denuncia de la fiscal Benavides es un hecho sin precedentes en la historia de Perú.
Micrófono Zuliano