El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, se pronunció por los hechos acontecidos a la llegada de Juan Guaidó a Venezuela, en los que resaltó que debe haber un respeto hacia a los trabajadores, en este caso de la prensa, que no deben ser agredidos.
Ruiz Angulo, recordó que se cumplen 20 años de la defensoría y que en el país ha cambiado la cultural y se deben denunciar cualquier tipo de violencia. Sus declaraciones fueron emitidas en el programa Primera página que se transmite por Globovisión.
«En el último año acudieron más de 20 mil personas a denunciar, a presentar quejas concretas, pero acudieron más 130 mil personas a querer formarse a ser multiplicadores en materia de derechos humanos, para trabajar en su comunidad», acotó.
El defensor diferenció a los colectivos de los cuadrantes de paz, dijo que uno no tenía que ver con el otro. «Cuadrantes de paz es una denominación del Estado nacional, en este caso un mecanismo como responsabilizar en un área geográfica a cuerpos del seguridad del estado, es un funcionario policial, son uniformados y son responsable de eso, cuando se habla de colectivos se habla de personas que se organizan con un fin común, lo que se llaman organizaciones sociales, movimientos sociales y cuando se habla de personas armadas, éstas están al margen de la ley, eso está totalmente prohibido, los únicos que pueden tener armas son los representantes del Estado», afirmó Ruiz.
Hizo énfasis que las personas que usan armas actúan al margen de la ley y deben ser denunciados.
En cuanto a la visita de la delegación de la CIDH a Venezuela, mencionó que ellos no tenían la debida autorización, por lo tanto lo que querían era hacer un «show» y dijo que cualquier persona que quería hacer una denuncia acá en Venezuela hay una instancia de la ONU de la Alta Comisionada de los DDHH, donde se pueden hacer estas denuncias.
«Lamentablemente usaron la Comisión Interamericana para montar un show político», destacó Ruiz.
Desmintió que los pueblos indígenas no pudieran acudir a presentar denuncias si se ven vulnerados en su integridad física. Al mismo tiempo dijo que ninguna petición del pueblo no han sido rechazadas y se refieren al Ministerio Público si es el caso o se abre un expediente para abrir la investigación correspondiente.
En el caso del informe presentado por la Alta Comisionada de la ONU en contra de la FAES, la investigación la adelanta el Ministerio Público y no les corresponde la responsabilidad de investigar.
En cuanto a los casos de las muertes de Albán y Heredia, la responsabilidad recae sobre el Estado y son estos los que deben garantizar que no ocurran estas situaciones, aseguró.