Recuperar la institucionalidad en Venezuela debe ir más allá de un mero discurso. En todo proceso de transición siempre se menciona esta tarea; sin embargo, no consiste únicamente en cambiar autoridades o aprobar nuevas leyes. Implica reconstruir el Estado de derecho, restablecer la independencia de los poderes públicos, garantizar los derechos ciudadanos y recuperar la confianza social en las instituciones.
La institucionalidad puede entenderse como el conjunto de reglas, organismos y prácticas que limitan el poder, protegen los derechos y permiten resolver los conflictos de manera imparcial. Cuando los tribunales carecen de independencia, la Asamblea Nacional no ejerce controles efectivos y los organismos de supervisión responden al poder político, el Estado deja de funcionar como garante de la ciudadanía.
El Índice de Estado de Derecho 2025 refleja datos negativos sobre el funcionamiento de la estructura estatal que no se limitan a problemas administrativos; evidencian una crisis estructural de controles, garantías y rendición de cuentas. Esta situación también se refleja en los informes de otros organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿Cómo arrancar?
Sin duda, para lograr un funcionamiento pleno del Estado es obligatoria la reconstrucción de todas sus instituciones. Esta tarea debe abarcar varias dimensiones interrelacionadas:
Separación de poderes: El Ejecutivo debe actuar bajo los lineamientos legales que apruebe el Poder Legislativo.
Independencia judicial: Jueces y magistrados deben ser seleccionados mediante un proceso transparente que priorice el mérito y la formación profesional, sin subordinación partidista.
Autonomía electoral: El registro electoral requiere autonomía, auditorías verificables, observación independiente y procedimientos que garanticen neutralidad entre los competidores.
Derechos fundamentales: Deben orientarse a proteger la libertad de expresión, la libre asociación, la participación política y el debido proceso.
Transparencia pública: La formulación, ejecución y control del presupuesto público, así como las contrataciones y la ejecución de obras, deben estar disponibles para la contraloría ciudadana.
Profesionalización técnica: El personal de todas las instancias públicas debe contar con una alta formación. La gestión y el cumplimiento de los planes estatales deben depender de concursos de méritos y capacidades, no de la afinidad política.
Prioridades para la transición
La recuperación del Poder Judicial es un pilar fundamental. Sus prioridades deben ser la independencia de los jueces y el acceso a la justicia, fundamentados en una selección transparente y equitativa. Además, este proceso debe desarrollarse bajo objetivos democráticos y una amplia participación social.
Para reducir la alta conflictividad y generar confianza en una transición, es indispensable:
Liberar a las personas detenidas arbitrariamente y revisar los casos de persecución política.
Restablecer las garantías para partidos, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones civiles.
Permitir el trabajo independiente de organismos humanitarios y de derechos humanos.
Publicar información básica sobre las finanzas del Estado y las empresas públicas, transparentando el destino de los ingresos nacionales.
Se hace necesario reformar las instituciones encargadas de administrar justicia, elecciones, control fiscal y seguridad pública. La Asamblea Nacional debería recuperar plenamente sus funciones legislativas y de fiscalización, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría General y el Consejo Nacional Electoral tendrían que operar con autonomía real. La selección de altos funcionarios debe realizarse mediante procedimientos públicos y evaluación rigurosa de credenciales.
Aportes y reformas clave
Organizaciones como el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE Libertad) han planteado lineamientos sumamente interesantes, entre los que destaca la lucha contra la corrupción. Esta no se combate únicamente con discursos emotivos; requiere reducir la discrecionalidad administrativa, simplificar trámites y hacer trazable el uso de los recursos públicos. Asimismo, según lo señalado por CEDICE, debe plantearse una reestructuración del sistema tributario y devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela (BCV), designando una directiva ajena a favores político-partidistas.
Por otro lado, la recuperación institucional debe abordar integralmente las violaciones de derechos humanos para encaminar al país hacia la reconciliación. De igual manera, es urgente retomar la descentralización: los estados y municipios deben recibir los recursos que les corresponden legalmente a través del situado constitucional, cuya estimación en los últimos años ha omitido el cálculo real de los ingresos petroleros al no considerarlos como ingresos ordinarios, tal como lo establece la Constitución.
La tarea pasa por generar confianza, rendir cuentas y trabajar con indicadores que aporten datos reales a la gestión pública para la toma de decisiones.
El punto de partida es devolver la autonomía a los poderes públicos, proteger los derechos ciudadanos y crear controles efectivos sobre el uso del poder y de los recursos. Este esfuerzo debe incorporar a las regiones, municipios, universidades, gremios, empresarios, sindicatos y a la ciudadanía en general. Es el camino para que la institucionalidad deje de ser una mera formalidad escrita en la Constitución y las leyes, y se convierta, mediante la voluntad y la acción, en un verdadero ejercicio democrático.
» Si no quieres repetir el pasado , estu’dialo.
Baruch spinoza.
Jose Gregorio Figueroa. @ figueroazabala