El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, emitió un pronunciamiento para exigir el establecimiento de una ruta electoral clara que permita superar la crisis política actual. El petitorio central incluye la renovación del Consejo Nacional Electoral, así como la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias que cuenten con condiciones técnicas adecuadas y un acompañamiento internacional que sea realmente efectivo para garantizar la transparencia del proceso.
La organización alertó que la sustitución de los rectores del ente comicial es un paso indispensable para que cualquier evento electoral futuro sea considerado creíble.
Según el comunicado, la recomposición del organismo debe realizarse bajo criterios de transparencia absoluta, evitando que los cargos sean producto de un reparto de cuotas políticas y asegurando que quienes lo integren posean la idoneidad necesaria en todas las instancias del poder electoral.
Para Provea, las condiciones mínimas de integridad electoral deben contemplar la independencia plena del árbitro y garantías reales para el pluralismo político. Asimismo, señaló como prioridades la conformación de un registro electoral confiable que permita el voto en el exterior, la realización de auditorías independientes al sistema automatizado y la presencia de misiones de observación nacional e internacional calificadas.
El documento también advierte que prolongar la incertidumbre política solo contribuye a profundizar la frustración social entre la ciudadanía. Los defensores de derechos humanos sostienen que una elección con estándares de credibilidad tiene el potencial de canalizar pacíficamente las aspiraciones de cambio de la población y marcar el inicio de un proceso necesario de reinstitucionalización de los poderes públicos en el país.
Finalmente, Provea reiteró que no es posible alcanzar una transición democrática sostenible si no se cuenta con una autoridad electoral autónoma. En este sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional, señalando que tiene una responsabilidad directa en la generación de incentivos y garantías que permitan la construcción de estas condiciones democráticas para el pueblo venezolano
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