La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) advirtió el jueves 11 de enero que las elecciones presidenciales de Venezuela pautadas para 2024 podrían perder legitimidad si no se habilita a María Corina Machado.
Juanita Goebertus, directora de HRW para América, afirmó durante una rueda de prensa que la presencia de Machado en los boletines de los próximos comicios será clave para determinar el éxito o fracaso de los mismos.
“Fue elegida de forma absolutamente legítima por los venezolanos (en las elecciones primarias de octubre de 2023) como candidata de la oposición. Si no es habilitada, el proceso entero perdería legitimidad y las negociaciones en México entre las partes perderían toda relevancia”, aseguró Goebertus.
Asimismo, la activista apoyó la decisión de Machado de recurrir en diciembre ante Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República y que le impediría ocupar cargos públicos durante los próximos 15 años.
A juicio de HRW, el TSJ dejó de funcionar como rama independiente del régimen de Venezuela en 2004, durante la presidencia de Hugo Chávez.
“Algunas acciones del gobierno, incluyendo la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la inhabilitación de candidatos presidenciales, aumentaron la preocupación sobre la posibilidad de que se celebren elecciones libres y justas”, se lee en el informe.
Además, la ONG indicó que el régimen de Nicolás Maduro avanzó “poco o nada” en la ejecución de las recomendaciones formuladas por la misión de la Unión Europea que observó las elecciones de 2021.
HRW recordó que estos movimientos se dan en un contexto de grave crisis humanitaria, con cerca de 19 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria y más de 7,7 millones de venezolanos refugiados en otros países.
Retraso en el proceso
Por su parte, el abogado defensor de María Corina Machado, Perkins Rocha, expresó el jueves 11 de enero su preocupación por el retraso en la revisión de la inhabilitación de su representada por parte del TSJ, que recibió la solicitud el 15 de diciembre de 2023.
Por tercer día consecutivo, Rocha acudió al TSJ a solicitar acceso al expediente de la demanda, al que, según el organismo, se han agregado documentos por parte de la Contraloría General (CGR).
«(El TSJ) En vez de aprobar (la demanda), decidió solicitar antecedentes administrativos a la CGR sobre el caso de Machado, eso nos coloca en una situación, si se quiere, preocupante, porque dilata la obligación que tiene el órgano judicial de resolver el amparo cautelar inmediatamente”, señaló Rocha en declaraciones a medios de comunicación.
Explicó que la Sala Político Administrativa del Supremo, donde fue introducido el reclamo, argumentó este jueves que no pudo entregar el expediente debido a un fallo eléctrico, por lo que ahora la defensa de Machado deberá esperar hasta el 16 de enero de 2024 para acceder a estos documentos.
“La Constitución establece que los amparos constitucionales deben resolverse de manera inmediata (…) y ya estamos en el margen de aceptación posible a esa circunstancia, (…) caeríamos en una zona de peligro porque son más horas continuas, más días continuos que se suman a la no decisión sobre el amparo cautelar”, sostuvo Rocha.
El abogado defensor reconoció que no se trata de un planteamiento ordinario, sino “complejo”, por lo que cree que el TSJ ha de estar estudiando la mejor forma de resolverlo, un lapso de tiempo que, reiteró, “tiene un límite”.
Machado, que asegura que nunca ha sido notificada de inhabilitación alguna, pidió al TSJ revisar su caso, haciendo uso del mecanismo acordado entre el gobierno y el principal bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en el marco de las negociaciones políticas que mantienen ambos bandos de cara a las presidenciales, previstas para el segundo semestre de 2024.
Actuación de la CGR
La Contraloría General de la República remitió el 25 de diciembre a la Sala Político Administrativa, por petición del propio organismo, la información detallada sobre la supuesta inhabilitación de Machado.
De acuerdo con el abogado, el planteamiento presentado ante la instancia del TSJ es complejo, no es ordinario y está apegado a lo que establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
“No estamos pidiendo la nulidad de ningún acto, porque no existe acto de inhabilitación contra la ciudadana María Corina Machado, sino que estamos pidiendo atacar las vías materiales, que conforman las vías de hecho, que le impiden el ejercicio cabal para actuar como legítima candidata presidencial de la oposición”, añadió Rocha.
Machado interpuso una demanda por reclamación el 15 de diciembre de 2023. Esta con solicitud de acción de amparo cautelar contra la sanción de inhabilitación por un período de 15 años para el ejercicio de funciones públicas.
La asistencia de Machado al TSJ se produjo luego de que el 30 de noviembre, en el contexto de la negociación política y el acuerdo de Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, el oficialismo definió un mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones administrativas.
NAM/El Diario
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