Martha Tinedo, defensora de DD. HH., cuestionó que, existen casos en los que la persona ha estado privada de libertad por cinco años sin que se concluya un juicio o se le aplique una condena
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón registró la prisión política de 147 militares en el país. Casi la mitad permanecen tras las rejas sin que un juez les haya dictado condena.
Los casos documentados por la organización refieren que, el componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana más castigado es el Ejército con 59 presos por razones políticas, le sigue la Guardia Nacional Bolivariana con 53 y la Aviación con 14. Otros 21 militares retirados pasan sus días en los calabozos de distintas cárceles venezolanas, reseñó Efecto Cocuyo.
Hay 66 presos (44,89 % del total de los casos) sin condena, lo que significa que se ha violado el principio de presunción de inocencia que es constitucional y garantista en nuestro país”, advierte la coordinadora general de la ONG, Martha Tinedo.
La defensora de derechos humanos cuestionó que, existen casos en los que la persona ha estado privada de libertad por cinco años sin que concluya un juicio que establezca su responsabilidad en la comisión de los hechos punibles por los que se les acusa. “Estamos hablando de una suerte de condena anticipada”, expresó.
En 81 casos (55,10 %) hay condena. Sin embargo, sabemos que son juicios plagados de irregularidades, con violaciones permanentes al debido proceso, manipulación de pruebas, pruebas falsas o incluso sin pruebas. Tenemos casos en los que se condenó a la persona sin que se haya demostrado su responsabilidad”, afirmó.
Presos políticos enfermos
Según la ONG, 31 militares presos tienen algún padecimiento de salud. Algunas afecciones son secuelas provocadas por tratos crueles, inhumanos o degradantes recibidos, según indicó Tinedo.
“Cuando hablamos de los presos políticos militares suelen ser ellos los que reciben las más espantosas torturas; hablo de asfixia, ahogamiento, descargas eléctricas, palizas, violaciones, las cosas más monstruosas. La mayoría de ellos tiene secuelas, dolores permanentes de cabeza, problemas en la próstata”, señaló.
La coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón mencionó algunos de los casos que considera de mayor riesgo:
Igbert José Marín Chaparro (40). Fue detenido en Caracas, el 2 de marzo de 2018, y está recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. Es funcionario del Ejército. Fue condenado a siete años de prisión por el delito de incitación a la rebelión, del que su familia y defensa aseguran es inocente.
“Su situación es realmente precaria después de una huelga de hambre que duró 67 días. Su salud e integridad están en riesgo. La huelga fue para exigir traslado a Ramo Verde y por los tratos crueles y la incomunicación a la que se le ha sometido”, expresó Tinedo.
El teniente coronel recibió una boleta de traslado, en agosto de 2018, directamente del tribunal militar que establece que el centro de reclusión de Marín es el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), en Ramo Verde. Pero la orden no ha sido acatada por sus custodios.
Ángel José Barrios Fuenmayor (28). Fue detenido en La Guaira, el 23 de octubre de 2019, y está recluido en Ramo Verde. Es funcionario del Ejército y acusado de traición a la patria, incitación a la rebelión militar y otros delitos.
Fue terriblemente torturado, su situación es verdaderamente dramática. La persecución, hostigamiento y amenaza se extiende a sus familiares. Su madre tuvo que irse del país, él se quedó solo aquí en Venezuela. Tiene su salud comprometida y depende prácticamente de la caridad ya que sabemos que en las cárceles no les dan insumos mínimos», contó Tinedo.
Ángel José Barrios Fuenmayor.Franklin Caldera Martínez (28). Fue detenido en Caracas, el 11 de febrero de 2021, y está recluido en Ramo Verde. Es funcionario del Ejército y es acusado de cometer delitos de conspiración, terrorismo, sustracción de armas de guerra, entre otros.
“Le dieron un tiro en una pierna y en otra lo hirieron para inmovilizarlo y que no pudiera huir durante su captura”, aseveró Tinedo.
Franklin Caldera Martínez.Héctor Armando Hernández Da Costa (51). Fue detenido en Caracas el 13 de agosto de 2018 y está recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta.
El militar, es general de la Guardia Nacional Bolivariana y fue sentenciado el 4 de agosto de 2022 por su presunta implicación en el caso del atentado con drones contra Nicolás Maduro.
“Tiene diabetes y otras patologías. Algunas veces no le suministran los medicamentos o no permiten el ingreso de las medicinas”, denunció Tinedo.
En Venezuela, las estadísticas sobre presos políticos varían. Foro Penal reportó, en enero de este año, 105 militares presos por razones políticas; la directora ejecutiva de Justicia Venezolana, Lilia Camejo, contabilizó 177 militares tras las rejas. Pero el Observatorio Nacional de Derechos Humanos documentó 172 efectivos privados de libertad.
No obstante, la detención arbitraria fue reconocida recientemente por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, tras su visita de tres días al país. “En mis reuniones con el presidente (Nicolás Maduro) y los ministros, pedí que se pusiera en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente”, declaró.
Un patrón que viola derechos humanos
“La mayoría de los casos comienza con una detención arbitraria, seguida de desapariciones forzadas. Después, se presenta al detenido fuera de los lapsos procesales ante los tribunales, en algunos casos se les impone una defensa pública”, explicó Tinedo.
Añadió que, a partir de ese proceso empieza «la tragedia que suponen las condiciones de reclusión en Venezuela que tienen que ver con el hacinamiento, la insalubridad, la falta de alimentos y de agua potable, ni hablar de los casos dantescos de tortura”.
Fuente: versionfinal
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