Juzgado investiga sobre los más de 4,5 millones de euros que Raúl Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido de la petrolera venezolana. Fiscalía solicita para él una pena de tres años y seis meses de cárcel. Su hijo, Alejo Morodo, también irá a juicio.
El juez de la Audiencia Nacional a cargo del conocido como caso Morodo, que indaga sobre los más de 4,5 millones de euros que el ex embajador de España en Caracas Raúl Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido de la petrolera venezolana PDVSA, ha acordado enviar a juicio al exembajador.
La Fiscalía solicita para él una pena de tres años y seis meses de cárcel y una multa de 378.700 euros por delitos contra la Hacienda Pública.
En el auto de apertura de juicio oral del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1, Alejandro Abascal, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que también procede sentar en el banquillo de los acusados al hijo del exembajador Alejo Morodo y a la esposa de éste, Ana Catalina Varandas, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017.
Para estos dos, las peticiones de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción son más elevadas. Así, tanto para Alejo Morodo como para Ana Catalina Varandas interesa ocho años y seis meses y multas que rozan los cuatro millones de euros para cada uno.
En cuanto a las responsabilidades civiles, la fiscal Ana Cuenca señalaba en su escrito que Alejo Morodo y su esposa debían ser condenados a indemnizar a la Hacienda Pública de manera conjunta con la cantidad de 617.442€ por la defraudación del ejercicio 2013; Alejo Morodo con 315.273€ por 2014; Raúl Morodo con 126.222€ por 2014; y Ana Catarina Varandas con 435.970€ por la defraudación de 2017.
Origen de la investigación
La investigación tiene su origen en la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó en enero de 2019 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública contra Raúl Morodo, su hijo y otras personas físicas y jurídicas vinculadas. En la querella se señalaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada Gómez y a Juan Carlos Márquez Cabrera (que falleció durante la investigación), y contra otras personas físicas y jurídicas de su entorno familiar y empresarial.
Así, las pesquisas se centraron en esos 4,5 millones de euros que recibieron de PDVSA “carentes de justificación real y lógica comercial”. Pero el caso, en enero de 2023 y a petición de la Fiscalía, fue desdoblado para poder enviar a juicio el presunto fraude a Hacienda de 2013, 2014 y 2017, y diferenciarlo de la parte conocida como ‘caso Venezolanos’.
Abascal justificó esta decisión señalando que si bien “ambos casos mantenían la conexidad inicial, estaban perfectamente diferenciados y dotados de elementos propios” que permitían su enjuiciamiento por separado.
Ahora, en su auto, Abascal da a los acusados hasta el 5 de junio para presentar su escrito de defensa, y apunta que ese plazo es proporcional al otorgado a las diferentes acusaciones dada la complejidad de la causa. Además, señala que se ha de requerir a los tres una relación de bienes y derechos de los que sean titulares para garantizar futuras responsabilidades civiles o pecuniarias, y les da quince días para presentar esa lista.
Eso sí, acuerda mantener la libertad provisional para los acusados con las cautelares previstas y que consisten en dejar constancia del domicilio en España donde residen y la obligatoriedad de comparecer a los llamamientos judiciales que sean precisos. Además, Abascal señala que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa, y apunta que el juicio oral recae sobre la Sección Tercera
En su escrito de acusación, la Fiscalía ponía el foco en su escrito entre los años 2007 y 2015, cuando Alejo Morodo habría centrado su “actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional”, que le habrían generado “cuantiosas rentas”.
Anticorrupción explica que Alejo Morodo se valió de “relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España” para así iniciar “una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014”
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