El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) catalogó como un paso acertado la publicación de la Providencia Administrativa número 2026-00093 en la Gaceta Oficial N° 43.484, de fecha 21 de octubre de 2026. La organización gremial sostuvo que la norma simplifica, facilita y automatiza la relación tributaria entre el Estado y el sector privado, representando la reforma más estructural en los métodos de facturación fiscal del país en las últimas décadas.
El beneficio central para los sectores de comercio y servicios radica en el levantamiento de la obligatoriedad del uso exclusivo de las máquinas fiscales, permitiendo la migración total hacia ecosistemas digitales privados y canales gratuitos provistos por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Esta medida otorga un plazo de 180 días continuos para la transición y fija su vigencia plena para el 19 de abril de 2027, fecha en la que quedará derogada la Providencia Administrativa 2011-0071.
La normativa anterior obligaba a las empresas a adquirir dispositivos y memorias de auditoría con costos superiores a 1.000 dólares por equipo, además de requerir mantenimientos e inspecciones periódicas. Con el nuevo marco legal, los equipos existentes mantendrán su operatividad de forma opcional, mientras que los nuevos emprendimientos y pequeñas y medianas empresas (pymes) quedan exentos de esta barrera económica de entrada, destinando esos recursos a la operatividad productiva.
Asimismo, la disposición diversifica los medios de emisión de facturas. Los contribuyentes podrán optar por un aplicativo o portal gratuito del SENIAT, o integrar software de desarrolladores privados e imprentas digitales autorizadas mediante interfaces de programación directa con el organismo fiscal, superando los rígidos esquemas de homologación previa de equipos físicos.
Automatización de contingencias operativas y modernización del control fiscal
El instrumento legal establece procedimientos ágiles ante posibles fallas energéticas o de conectividad. Si bien la tenencia de talonarios de contingencia en formato físico se mantiene como requisito obligatorio, la nueva normativa automatiza el cierre del ciclo operativo. Una vez restablecido el servicio, la empresa enviará los documentos digitalizados en archivos consolidados PDF o reportará la información en las plataformas del SENIAT, eliminando el manejo engorroso de archivos manuales a largo plazo.
El gremio aclaró que la flexibilización en el uso de máquinas fiscales no disminuye la supervisión de la Hacienda pública, sino que traslada los controles a entornos digitales. En tal sentido, los comercios mantendrán obligaciones formales estrictas, la identificación de exenciones y la transmisión inmediata de datos a través de canales electrónicos. La unificación de diversas providencias dispersas en un solo cuerpo normativo facilitará además la interpretación y el cumplimiento de la ley.
Para optimizar la aplicación de la norma, Consecomercio propuso evaluar la situación de los pequeños productores y comercios ubicados en zonas apartadas del país sin acceso a internet. La institución sugirió diseñar mecanismos de facturación remota o asíncrona que permitan a estos sectores incorporarse al sistema tributario sin contratiempos tecnológicos.
Reclasificación de contribuyentes especiales impulsará la dinamización económica
El sector comercial valoró también de forma positiva la Providencia Administrativa 2026-0099, publicada en la Gaceta Oficial N° 43.485, la cual fija nuevos criterios para la calificación de contribuyentes especiales.
El gremio destacó el ajuste en los parámetros de exclusión para aquellos sujetos que, por su nivel de ingresos o estructura administrativa, no requerían figurar bajo dicha categoría pasiva.
Consecomercio afirmó que las medidas adoptadas por el SENIAT dinamizarán la economía y fortalecerán la transparencia entre los contribuyentes y la administración tributaria.
Las empresas de comercio y servicios reiteraron su disposición para iniciar el tránsito hacia la digitalización y la formalidad, impulsando una arquitectura fiscal que fomente el crecimiento económico y la generación de riqueza.