Gabriela Lozano Sousa había ingresado legalmente al país en 2023 bajo un permiso humanitario. Su liberación llegó tras una serie de intentos legales por parte de su defensa, que incluyeron solicitudes humanitarias, pedidos de fianza y un recurso de Habeas Corpus. Su esposo ha encabezado durante meses una intensa batalla legal y ha expresado el impacto emocional y económico del proceso
Una ciudadana venezolana que permaneció durante seis meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos fue liberada tras una decisión de un juez federal que aprobó desestimar su caso, permitiéndole regresar a su hogar en Hollywood, Florida.
Gabriela Lozano Sousa había ingresado legalmente al país en 2023 bajo un permiso humanitario. Su situación migratoria se vio alterada meses después, cuando en abril de 2025 contrajo matrimonio con su pareja, Brandon Garrison, apenas unos días antes de que venciera su autorización de permanencia.
La situación dio un giro inesperado en octubre, cuando ambos fueron detenidos a raíz de un incidente doméstico. Aunque el caso judicial contra su esposo fue cerrado rápidamente, Lozano fue transferida a un centro de detención migratoria, donde permaneció más de medio año mientras se resolvía su situación, difunde La Nación.
Su liberación llegó tras una serie de intentos legales por parte de su defensa, que incluyeron solicitudes humanitarias, pedidos de fianza y un recurso de Habeas Corpus, todos inicialmente rechazados. Finalmente, una moción para desestimar el caso abrió la vía para su puesta en libertad.
Perdí siete meses. Siento que perdí la mitad de mi vida en un año en la cárcel”, declaró Lozano tras reencontrarse con su entorno en Florida, en declaraciones recogidas por CBS News.
El proceso, sin embargo, no está completamente cerrado. Su entorno legal advierte que su situación migratoria sigue siendo sensible y que, en teoría, las autoridades podrían reabrir procedimientos en su contra, a pesar de que mantiene un trámite de ajuste de estatus en curso.
Su esposo ha encabezado durante meses una intensa batalla legal y ha expresado el impacto emocional y económico del proceso, incluso contemplando la posibilidad de abandonar el país para no separarse de ella.
Actualmente, la pareja intenta estabilizar su situación mientras continúa el proceso para que Lozano pueda obtener la residencia permanente, lo que, según su defensa, podría concretarse en aproximadamente un año si no surgen nuevos obstáculos.
En paralelo, han iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos legales y facilitar su reintegración tras el prolongado periodo de detención.
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