La hija de Alberto Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, prometió expulsar a 224 mil “sin papeles” criollos que viven en la nación andina. “Expulsaremos a los ciudadanos indocumentados y esperamos que (…) se pueda hacer un corredor humanitario para que los que (…) se vieron forzados a salir de su país puedan regresar”, expresó en una entrevista en la víspera de las presidenciales. Hasta ahora iría a segunda vuelta con Rafael López Aliaga, con 14.5%.
Con 53% de los votos escrutados, los partidos de derecha se imponen en las elecciones presidenciales en Perú. Hasta ahora, irían a la segunda vuelta Keiko Fujimori, con el 17% de los votos y Rafael López Aliaga, con 14.5%.
De confirmarse esta proyección, será la cuarta vez seguida que la candidata de Fuerza Popular estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, se comprometió en una entrevista con la AFP a “recuperar el orden” en los primeros 100 días de un eventual gobierno, en un país sumido en la criminalidad. También cerró filas con Estados Unidos y los mandatarios conservadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.
López Aliaga, por su parte, llegará a esta instancia como líder del partido de derecha Renovación Popular, con el que ocupó hasta octubre pasado la alcaldía de Lima, que dejó para postular a la jefatura de Estado.
Uso de narrativa falsa
Administradora, graduada en Estados Unidos, Fujimori, como la mayoría de los candidatos, enfocó su campaña en enfrentar con mano dura la escalada de criminalidad, que asocia con la migración irregular. “Es mi compromiso recuperar el orden en el Perú”, lanzó, aunque todos los indicadores en relación con el tema evidencien que los migrantes no inciden en las tasas de criminalidad.
La comunidad extranjera más numerosa en el país es la venezolana, con 1,6 millones de migrantes, de los cuales el 14% carece de residencia autorizada, unos 224.000.
Expulsaremos a los ciudadanos indocumentados y esperamos que (…) se pueda hacer un corredor humanitario para que los que (…) se vieron forzados a salir de su país puedan regresar”, advirtió en la víspera de los comicios.
Pablo Hernández, venezolano con 7 años en Lima, quien cuenta con su documentación al día, explica que la comunidad venezolana siempre se inclina con más fuerza electoralmente con los candidatos de derecha. “Mi familia es fujimorista”, asegura y explica que si bien la candidata de Fuerza Regular prometió la expulsión de migrantes irregulares, esa misma agenda estuvo en el resto de las candidaturas.
Datos que matan relatos
A diferencia de Chile, donde no hay investigaciones tan contundentes, en Perú, la Oficina Internacional de Migraciones (OIM), presentó el estudio “Migración e incidencia delictiva en el Perú”, que explora la posible relación entre la migración venezolana y la incidencia delictiva, usando datos estadísticos y administrativos disponibles públicamente.
Además de encuestas de victimización, el mejor método para identificar la magnitud y características del delito ya sea que se haya denunciado o no, el trabajo utiliza registros administrativos, como atenciones, datos penitenciarios y denuncias policiales, aunque estos reflejan la acción estatal más que el delito en sí.
El estudio revela que solo el 0.15% de la población venezolana en el Perú ha sido denunciada por algún delito, en comparación con el 1.5% de la población peruana. En cuanto a la población penitenciaria, el 4.8% del total son migrantes de todas las nacionalidades, mientras el 3.4% del total son de nacionalidad venezolana, representando el 1.9% del total de la comunidad venezolana en el Perú.
Otros datos demoledores sobre el impacto real de la migración en la nación andina apuntan a que, en 2022, 23 de cada 100,000 venezolanos en Perú fueron denunciados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, frente a 132 de cada 100,000 peruanos. Además, para agosto de 2023, 6 de cada 100,000 venezolanos estaban recluidos por homicidio simple y calificado, en comparación con 12 de cada 100,000 peruanos.
En cuanto a delitos patrimoniales, en abril de 2023, 98 de cada 100,000 venezolanos fueron denunciados, mientras que 412 de cada 100,000 peruanos enfrentaron denuncias similares. En el sistema penitenciario, 95 de cada 100,000 venezolanos estaban internos por robo y hurto, en comparación con 87 de cada 100,000 peruanos.
A su vez, 18 cada 100,000 ciudadanos venezolanos en Perú fueron denunciados por delitos contra la libertad, incluido el de violación sexual, frente a 111 de cada 100,000 peruanos. Además, las personas peruanas internas por violación sexual de menor de edad representan el 99.5% del total por dicho delito, y el 12% del total de la población penitenciaria, mientras la población migrante representa el 0.5% del total de ese delito.
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