Entre los puntos clave, el tribunal prohíbe compartir las pruebas con otros acusados que no han sido detenidos, como Diosdado Cabello, así como con sus equipos legales. Otros señalados en el caso son Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el «Niño Guerrero», presunto líder del Tren de Aragua
El juez Alvin Hellerstein, encargado del proceso penal en Estados Unidos contra el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió este miércoles una orden que regula el manejo del material confidencial entregado por las autoridades a la defensa.
La decisión, firmada el martes, acoge la propuesta presentada previamente por la Fiscalía estadounidense, que consideró necesario establecer un régimen de protección de pruebas ante los “riesgos” para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación, reporta EFE.
La defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, había solicitado acceso a las evidencias como parte del proceso de “discovery” (descubrimiento), por lo que la orden fija las condiciones bajo las cuales ese material puede ser utilizado.
Entre los puntos clave, el tribunal prohíbe compartir las pruebas con otros acusados que no han sido detenidos, como Diosdado Cabello, así como con sus equipos legales.
Otros señalados en el caso que permanecen prófugos son Ramón Rodríguez Chacín; Nicolás Maduro Guerra; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el «Niño Guerrero«, presunto líder del Tren de Aragua.
El documento establece que el material “no podrá compartirse con ningún acusado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos acusados”, y limita su uso exclusivamente a fines de defensa.
Asimismo, la orden prohíbe difundir las pruebas en internet, redes sociales o medios de comunicación, y permite a la Fiscalía clasificar parte de la evidencia bajo niveles más estrictos, lo que implica su presentación bajo sello e incluso su revisión exclusiva por los abogados, sin acceso directo de los acusados.
El juez también dejó claro que estas restricciones se mantendrán vigentes incluso después de concluido el proceso penal, reservándose la jurisdicción para garantizar su cumplimiento.
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