La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes que las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagación de la Covid-19 como una «excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población».
Desde que se declaró el estado de excepción para contener el contagio, a mediados de marzo pasado, las autoridades venezolanas detuvieron de manera «arbitraria» y procesaron «penalmente» a periodistas, trabajadores de la sanidad, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al gobierno de Nicolás Maduro, según un informe de HRW.
A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en la ‘ley contra el odio’ de 2017, que es «absurda y excesivamente amplia», y son procesados por un poder judicial «sin la más mínima independencia».
A los abogados de los acusados se les concede un acceso «muy limitado» a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al «cierre de tribunales». Algunos detenidos sufrieron «abusos físicos» que podrían constituir «torturas».
«El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos», alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El 13 de marzo, recuerda la organización de derechos humanos, Maduro decretó un estado de «excepción y alarma» en todo el país y dispuso medidas para limitar la propagación de la Covid-19, incluidas restricciones de la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas.
Maduro prorrogó el estado de excepción cinco veces, superando «el límite constitucional de 60 días». La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no aprobó las medidas, aunque la ley lo exige, según HRW.
«Hostigamiento y persecución»
En la práctica, quienes se encargan de que la población cumpla las normas de cuarentena son las Fuerzas Armadas; los cuerpos de seguridad, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que han estado implicadas en «ejecuciones extrajudiciales»; y grupos armados partidarios del gobierno conocidos como «colectivos».
A partir de un análisis de casos reportados por ONG y y medios de comunicación venezolanos, Human Rights Watch identificó a 162 personas habrían sido víctimas de «hostigamiento, detención o persecución penal» entre marzo y junio pasados. La ONG venezolana Foro Penal informó de que hubo 257 detenciones «arbitrarias» en ese tiempo.
En algunos de los casos, los detenidos sufrieron «abusos, incluyendo agresiones verbales y físicas, golpizas y haber sido esposados por períodos prolongados».
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), explica HRW, informó en julio que hubo una «aplicación discrecional» del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales. Y documentó, asimismo, que los «colectivos» intimidaron y atacaron a opositores políticos, manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia.
En definitiva, las detenciones, los procesos penales arbitrarios y los abusos contra detenidos desde la declaración del estado de excepción siguen «el mismo patrón que los abusos sistemáticos» perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad que Human Rights Watch documentó en las «brutales arremetidas» contra opositores desde 2014.
La Verdad