Carlos Trujillo, miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, explicó que muchos venezolanos en Estados Unidos enfrentan actualmente un escenario de incertidumbre debido al retraso y congelamiento de varios procesos migratorios. Aclaró que las personas que se encuentran en proceso de solicitud de asilo o residencia en Estados Unidos no adquieren un estatus migratorio legal hasta que sus trámites sean aprobados por las autoridades correspondientes
El drama de los migrantes venezolanos en EE. UU. no cesa. La falta de documentos vigentes para quedarse legalmente en el país, aunada a la cacería constante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mantiene en incertidumbre a miles de personas que hoy se encuentran atrapadas en un limbo.
La situación se ha vuelto especialmente compleja en ciudades como Miami, donde grupos de venezolanos permanecen a la espera de una solución migratoria o de documentos de viaje que les permitan salir legalmente de Estados Unidos. Algunos denuncian haber agotado sus ahorros en trámites fallidos o en gestores informales que prometen documentos que luego no son aceptados por las aerolíneas.
Estuve 12 días en el aeropuerto durmiendo en las sillas esperando noticias”, señaló Leila Barreto, una venezolana varada en Florida en una entrevista a la cadena CNN.
La mujer estuvo varada junto a un grupo de personas por varios días sin un lugar donde ir. La razón detrás de su situación tiene que ver con sus documentos de viaje.
Los venezolanos que tienen su pasaporte vencido necesitan de un salvoconducto para regresar a su país. Sin embargo, el trámite debe solicitarse en un consulado venezolano, algo que hoy no existe en Estados Unidos.
Retraso en procesos migratorios
Carlos Trujillo, miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, explicó a Versión a Final que muchos venezolanos en Estados Unidos enfrentan actualmente un escenario de incertidumbre debido al retraso y congelamiento de varios procesos migratorios que afectan tanto a solicitantes de asilo como a familias que intentan regularizar su estatus en el país.
El abogado agrega que, aunque muchos venezolanos aún pueden calificar para recibir protección migratoria por la situación política y social de Venezuela, los tiempos de respuesta en los trámites se han extendido de forma considerable, generando preocupación dentro de la comunidad.
Asimismo, destaca que una de las principales dificultades afecta a quienes buscan reunificación familiar e hizo referencia a casos de venezolanos que han establecido vínculos legales con ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos, pero que no han podido completar sus procedimientos dentro de los plazos esperados.
Estos congelamientos a los procesos de los venezolanos están teniendo un impacto fuerte y, por lo tanto, vemos cómo muchas personas se han rendido, se han ido del país o inclusive se han regresado a Venezuela», menciona.
Al ser consultado sobre la apertura de las delegaciones diplomáticas venezolanas en EE. UU., Trujillo aclara que esta medida servirá como un alivio a la hora de procesar documentos importantes como pasaportes y otros trámites consulares, aunque advierte que este tipo de acciones no deben interpretarse como una restauración de la democracia en Venezuela.
No se puede decir que debido a estas relaciones ya no hay persecución en Venezuela. Se espera un alivio a la comunidad venezolana con estas medidas, pero hasta ahí», aclara.
Según Oliver Blanco, diplomático venezolano, la misión diplomática del país en Estados Unidos está de nuevo bajo su control y “el equipo en Washington trabajará de forma progresiva en el registro de venezolanos en Estados Unidos, con el fin de identificar sus necesidades consulares y retomar los trámites tan pronto como las condiciones técnicas, operativas y logísticas lo permitan”.
En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que la llegada de funcionarios venezolanos a Washington era un paso hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares.
Detenciones y negativa de fianza
Los recientes casos de detención de migrantes venezolanos en Estados Unidos han vuelto a generar preocupación entre quienes mantienen procesos migratorios activos ante las autoridades estadounidenses.
Varios de los casos más recientes se han registrado en el estado de Texas, donde algunos venezolanos fueron detenidos pese a encontrarse cumpliendo con los procedimientos establecidos por la ley mientras esperaban respuesta oficial sobre sus solicitudes.
El médico venezolano Ezequiel Véliz estuvo bajo custodia de autoridades federales cerca de 11 días, varios de ellos en un centro de detención en Del Río, Texas.
Véliz había sido arrestado el 6 de abril mientras viajaba hacia Houston con su esposo. Su detención fue descrita como repentina por su esposo: Dijo: “Me están deteniendo”. Empecé a llorar y dije: ‘Esto no puede estar pasando”.
Por su parte, otro caso que conmocionó a la comunidad latina fue el arresto de Rubeliz Bolívar, quien se preparaba para abordar un vuelo en el aeropuerto de McAllen en Texas, cuando fue detenida por agentes migratorios.
La detención ocurrió el 11 de abril y provocó una rápida reacción por parte de organizaciones defensoras de los derechos de migrantes y políticos. Bolívar llevaba cerca de una década viviendo en Estados Unidos y contaba con un permiso de trabajo vigente hasta 2030. Además, debido a esta situación, la médica no pudo asistir a la cita de asilo que había esperado con su esposo por más de 10 años.
Para el experto Carlos Trujillo, en muchos de estos casos las personas habían seguido los pasos exigidos por el sistema migratorio y permanecían a la espera de que el Gobierno resolviera sus expedientes, por lo que cuestionó la necesidad de recurrir a medidas de detención.
A su juicio, uno de los principales problemas actuales no solo es el incremento de arrestos, sino también la negativa de libertad bajo fianza para numerosos migrantes, una situación que afecta no únicamente a venezolanos, sino también a otros miembros de la comunidad latina en el país.
La situación ha incrementado la incertidumbre entre quienes permanecen en Estados Unidos bajo procesos de asilo, residencia o regularización, ante el temor de ser detenidos incluso cuando aseguran estar actuando conforme a la normativa migratoria vigente», advierte.
Salida voluntaria
A muchos venezolanos se les confiscaron los pasaportes al entrar en Estados Unidos, en virtud de una antigua política federal para acelerar la deportación en caso de que se les denegara el asilo, lo que les impide regresar a casa.
Por su parte, las autoridades venezolanas exigen un pasaporte válido o un documento de viaje expedido por el gobierno para ingresar al país por vía aérea. Este documento solo está disponible en Caracas, lo que hace que sustituir el pasaporte sea casi imposible.
El Departamento de Seguridad Nacional ofrece un incentivo de $2.600 a migrantes que quieran autodeportarse. Sin embargo, muchos temen solicitarlo ante posibles detenciones del ICE.
Ante esta situación, algunos venezolanos desesperados se han arriesgado a viajar en embarcaciones peligrosamente abarrotadas para llegar a Sudamérica, porque no pueden viajar en avión.
Héctor López, abogado de inmigración, advirtió sobre la confusión que existe entre algunos migrantes respecto al concepto legal de “salida voluntaria” dentro de los procesos de deportación en Estados Unidos.
Según explica, en un video publicado en sus redes sociales, esta figura jurídica no consiste simplemente en que una persona decida abandonar el país por su cuenta comprando un boleto aéreo, sino que se trata de un beneficio legal que debe ser autorizado por un juez de inmigración dentro de un proceso formal.
El especialista agrega que en la práctica muchas personas interpretan erróneamente este concepto y creen que pueden autogestionar su salida de Estados Unidos sin consecuencias legales, incluso cuando ya tienen audiencias pendientes o notificaciones judiciales.
La salida voluntaria suele aplicarse en casos en los que una persona enfrenta un proceso de deportación activo y, bajo ciertas condiciones, el juez puede permitirle abandonar el país dentro de un plazo establecido, evitando así una orden formal de expulsión», indica.
Ausencia de estatus legal
El abogado Carlos Trujillo explicó que las personas que se encuentran en proceso de solicitud de asilo o residencia en Estados Unidos no adquieren un estatus migratorio legal hasta que sus trámites sean aprobados por las autoridades correspondientes.
En ese sentido, señaló que no puede afirmarse que exista una política específica dirigida contra quienes están en estos procesos, pero advirtió que, desde el punto de vista legal, estas personas siguen siendo consideradas sin estatus migratorio definitivo mientras esperan una resolución.
El especialista agrega que esta situación genera incertidumbre entre migrantes que esperan respuestas a sus solicitudes, ya que el proceso de regularización no implica protección automática hasta su aprobación final.
Si una persona en esa situación llega a tener un encuentro con autoridades de inmigración, podría quedar sujeta a detención debido a la ausencia de estatus legal vigente», menciona.
Elecciones de medio término
Donald Trump se enfrentará en noviembre a elecciones de medio término, unos comicios que se celebran exactamente a mitad del mandato presidencial, donde una eventual derrota legislativa no sería un episodio menor e implicaría un reacomodo del poder interno, una señal de desgaste político y un freno directo a su margen de maniobra.
Carlos Trujillo afirma que, aunque una derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término podría cambiar el equilibrio de poder en el Congreso de Estados Unidos, esto no implicaría el fin de las políticas migratorias del Ejecutivo. El experto aclara que sí podría aumentar la supervisión política sobre ICE, pero sin eliminar su capacidad operativa.
Asegura que un mayor control por parte del Partido Demócrata podría traducirse en más investigaciones, auditorías y presión política sobre el funcionamiento de ICE, lo que eventualmente influiría en el ritmo y alcance de algunas detenciones.
Este cambio no supondría la eliminación de las operaciones migratorias, ya que ICE es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, que continuaría bajo la dirección del presidente en funciones hasta el final de su mandato.
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