El equipo de Control está encabezado por Ismael García, mientras que la mesa de Finanzas es dirigida por la propia Machado. Las conversaciones se desarrollan bajo la supervisión de la Administración de Donald Trump. Uno de los puntos más sensibles en discusión es la posible amnistía parcial a dirigentes del chavismo que accedan a colaborar con el cambio político
Representantes de la oposición venezolana y del Gobierno de Estados Unidos iniciaron este lunes en Chicago una serie de reuniones para definir las fases y fechas de una eventual transición política en Venezuela, en un proceso que se desarrolla con la participación directa de equipos cercanos a María Corina Machado y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
De acuerdo con el diario El Español, 12 delegados fueron distribuidos en tres mesas de trabajo, Control, Finanzas y Acción Política, que sesionan en una sede de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Illinois, con el objetivo de “sentar las bases de un proceso que busca una salida pactada” tras los recientes cambios en el escenario político venezolano.
El equipo de Control está encabezado por Ismael García, mientras que la mesa de Finanzas es dirigida por la propia Machado. En el área política participa un funcionario estadounidense no identificado, y el economista Carlos Blanco actúa como articulador entre los distintos grupos.
Las conversaciones se desarrollan bajo la supervisión de la Administración de Donald Trump, con Rubio como principal interlocutor desde Washington, en un proceso que busca definir no solo el calendario de la transición, sino también sus actores y mecanismos de implementación.
Uno de los puntos más sensibles en discusión es la posible amnistía parcial a dirigentes del chavismo que accedan a colaborar con el cambio político, una propuesta que ha generado tensiones dentro del propio bloque opositor.
La coordinación también prevé encuentros con entidades financieras y grandes empresas para garantizar la estabilidad económica durante la transición. Más allá de lo puramente político, el plan apunta a una reconstrucción institucional y económica paralela a la liberación de presos políticos y a la convocatoria de elecciones libres, alineándose con un modelo de salida ordenada similar al de transiciones históricas como la española de los años 70. Entre los actores clave se encuentran figuras exiliadas y veteranos de la política venezolana que, desde fuera, han construido expedientes y redes que sostienen el andamiaje jurídico de la transición.
La novedad central es la institucionalización de una transición bajo la sombra de una potencia extranjera y sus agencias. La presencia de la DEA como sede de las conversaciones y el liderazgo visible de Rubio insinúan un proceso con respaldo externo que busca credibilidad y continuidad, pero también elevan el grado de controversia interna, especialmente respecto a la posibilidad de amnistías condicionadas.
Si se avanza, el resultado podría redefinir el equilibrio de poder en Venezuela y establecer un marco de estabilidad económica que pocos esperan en un entorno de transición política acelerada. El énfasis en un plan “ordenado y rápido” sugiere una preferencia por una salida con autoridades de transición claras, en lugar de un vacío de poder prolongado. En lo estratégico, el proceso podría acercar a Venezuela a una solución que combine liberación de presos, reformas institucionales y elecciones libres, un paquete que, de implementarse, tendría profundas repercusiones regionales y para la política exterior estadounidense en la región.
La conversación en Chicago marca un hito: la posibilidad de una transición venezolana con fases definidas y respaldo internacional, incluida una supervisión visible de la Administración Trump. Queda por verse si la arquitectura acordada logrará reconciliar intereses internos con las exigencias de legitimidad y estabilidad, y qué costo político asumirá la oposición ante la eventualidad de una amnistía situada en el corazón del acuerdo.
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