Manuel Sutherland explica que las prestaciones sociales, antes una garantía de retiro digno, ahora equivalen a montos irrisorios. Nicmer Evans, en la misma línea, afirma que la estructura del ingreso actual no permite la reconstrucción del capital humano. El politólogo subraya que el diseño de esta política busca reducir los pasivos laborales del Estado y de las empresas privadas
El economista Manuel Sutherland, en una entrevista con el politólogo Nicmer Evans, manifestó que, tras el aumento del “ingreso mínimo integral” en Venezuela a $240, el anuncio realizado por Delcy Rodríguez implica una “desaparición” del salario real en el país, lo que también profundiza la precariedad laboral.
Durante su intervención en el programa “RealEconomik”, Sutherland sostuvo que el Estado venezolano aplicó una estrategia de “bonificación” agresiva. Esta política elimina la incidencia de los pagos en las prestaciones sociales y el ahorro habitacional.
Los trabajadores reciben montos que no generan antigüedad ni beneficios derivados de años de servicio. Para el economista, esto representa el fin del salario como derecho protegido, transformándolo en un subsidio discrecional que deja al empleado en la total indefensión.
La indexación de bonos sin carácter salarial destruyó la capacidad de planificación de las familias, afirma. Manuel Sutherland explica que las prestaciones sociales, antes una garantía de retiro digno, ahora equivalen a montos irrisorios. El experto señala que décadas de esfuerzo laboral se esfuman debido a la falta de base imponible en los ingresos actuales. El trabajador venezolano consume su ingreso hoy, pero compromete absolutamente su seguridad social y su futuro económico.
Nicmer Evans coincide en que la estructura del ingreso actual no permite la reconstrucción del capital humano. El politólogo subraya que el diseño de esta política busca reducir los pasivos laborales del Estado y de las empresas privadas. Sin embargo, el costo social es la eliminación del poder adquisitivo estructural. Los ciudadanos dependen de transferencias directas que no computan para créditos bancarios ni para jubilaciones justas, estancando la movilidad social.
Uno de los puntos más álgidos del debate en “RealEconomik” fue la relación entre aumento salarial e inflación. Sutherland desmontó la tesis oficialista que responsabiliza a los salarios del incremento de precios. El especialista asegura que la causa real es la emisión monetaria sin respaldo para financiar el déficit fiscal. El control de la inflación no debe pasar por el hambre de los trabajadores, sino por una disciplina monetaria estricta.
Evans resalta que la narrativa gubernamental utiliza las sanciones como una excusa para la falta de transparencia. Aunque las restricciones internacionales afectan, la discrecionalidad en el manejo de la renta petrolera impide una recuperación real. Los analistas proponen que los ingresos por exportaciones de crudo deben ser la base para un fondo de estabilización. Esto permitiría rescatar el valor de la moneda y dar previsibilidad al costo de la vida.
Sutherland y Evans plantean soluciones urgentes. La propuesta principal incluye la adopción de una unidad de cuenta estable que proteja el valor del trabajo. Proponen la creación de un Fondo de Estabilización Salarial alimentado por los ingresos extraordinarios de la nación. Este mecanismo blindaría el salario frente a las fluctuaciones del mercado cambiario y garantizaría que el dinero mantenga su valor.
Asimismo, plantean una Reforma Tributaria Progresiva que alivie la carga sobre los más pobres. Sutherland enfatiza la necesidad de recuperar la independencia del Banco Central de Venezuela (BCV). Sin un ente emisor autónomo, la tentación de imprimir dinero para cubrir gastos corrientes seguirá destruyendo el bolívar. La transparencia en las cuentas públicas resulta vital para generar confianza en los inversionistas y en la fuerza laboral del país.
La reconstrucción económica de Venezuela requiere una negociación tripartita genuina. Evans y Sutherland sugieren un “Pacto Social” para el año 2026, donde participen el Estado, el sector privado y los sindicatos.
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