La Corte Constitucional pidió a Migración Colombia revisar las evidencias contra siete de los 59 venezolanos que fueron expulsados del país neogranadino por su presunta participación en daños durante el paro del 21 de noviembre de 2019.
La solicitud de la Corte exige que se reinicie el proceso contra estas siete personas, garantizándoles el debido proceso. En caso de no encontrar elementos probatorios que justifiquen su expulsión y prohibición para volver a entrar al país, la entidad deberá anular dichas actuaciones, según reseñó El Colombiano.
Incluso, si no hay los suficientes motivos para haberlos sacado, Migración Colombia y la Policía Metropolitana de Bogotá deberán ofrecer excusas públicas por el trato que les dio a los migrantes de origen venezolano, y por el exceso en las actuaciones que tuvieron las autoridades en esa ocasión.
Kendry David Itzzy, Deivi Wickman, José Gregorio, Carlos Ramírez, Yorbin Hidalgo, Heyerson Herrera y Maikel Graterol formaron parte de un grupo de 59 venezolanos que fueron expulsados por supuestos actos vandálicos. Sin embargo, por medio de una tutela pidieron eliminar las resoluciones mediante las que Migración Colombia ordenó su salida del país el 24 de noviembre de 2019.
«Yo firmé ese papel porque era obligatorio, me dijeron que tenía que firmarlo. Todos firmamos por obligación», declaró uno de los venezolanos a La Silla Vacía. Incluso se les ordenó callar cuando solicitaron vídeos donde aparecieran incursos en actos vandálicos.
La Corte Constitucional aseguró que la expulsión de estos venezolanos «fue arbitraria y desconoció la dignidad de estas personas», luego de conocerse que los militares colombianos pusieron a los venezolanos en lanchas desde Puerto Carreño hasta un paso del lado venezolano conocido como El Burro; y que no hubo entrega formal a las autoridades venezolanas.
A su vez, se pidió tomar medidas para impedir la creciente ola de expulsiones discrecionales contra los migrantes. Según una investigación de La Silla Vacía y Armando.info, el gobierno de Iván Duque ha venido aplicando dichas expulsiones en contextos de protesta social.
La Corte Constitucional les ordenó en su fallo a la Policía, a Migración Colombia y al Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda «abstenerse de realizar procedimientos de expulsión de extranjeros a través del mecanismo de traslado por protección«.
La Corte Constitucional aseguró que la expulsión de estos venezolanos «fue arbitraria y desconoció la dignidad de estas personas», luego de conocerse que los militares colombianos pusieron a los venezolanos en lanchas desde Puerto Carreño hasta un paso del lado venezolano conocido como El Burro; y que no hubo entrega formal a las autoridades venezolanas.
A su vez, se pidió tomar medidas para impedir la creciente ola de expulsiones discrecionales contra los migrantes. Según una investigación de La Silla Vacía y Armando.info, el gobierno de Iván Duque ha venido aplicando dichas expulsiones en contextos de protesta social.
La Corte Constitucional les ordenó en su fallo a la Policía, a Migración Colombia y al Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda «abstenerse de realizar procedimientos de expulsión de extranjeros a través del mecanismo de traslado por protección«.
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VF