La crisis económica en Venezuela ha avanzado tanto, que la magnitud del desgaste social y económico en todo el sistema de generación de rentas y bienestar socioeconómico: empresas, comercios, industrias, etc., ha hecho casi imposible para el gobierno de Nicolás Maduro conseguir una estrategia que le permita refinanciar la economía venezolana para, precisamente, reanimarla y reactivarla, pues actualmente se encuentra en una suerte de estado absoluto de shock con un fuerte proceso de contracción que podría llegar al 70% del producto interno bruto este año.
Entonces, ante ese escenario de un 2020 que no da signos de mejoría económica por el conflicto político que tiene bloqueados todos los canales multilaterales con los cuales la comunidad internacional podría financiar la recuperación económica de Venezuela, el gobierno controlado por el chavismo se mantiene atrincherado en el poder y ha recurrido a medidas discrecionales de liberalización de la economía del país, tales como: el desmontaje parcial del control de cambio, la exoneración de aranceles a las importaciones, la eliminación del control de precios, la despenalización del uso libre del dólar y la aceptación de la moneda estadounidense, en palabras del propio Nicolás Maduro, como un “respiro” para el país, según dijo en diciembre de 2019 durante una entrevista en cadena nacional.
Es por ello que con la fuerte presión que ejercen las sanciones de Estados Unidos al limitar el margen de maniobra del Gobierno para acceder a capitales, por lo cual de hecho vende el oro de las arcas del Banco Central para obtener euros en efectivo, ahora el gobierno de Maduro podría privatizar progresivamente la industria petrolera y el pulmón financiero de Venezuela: la estatal PDVSA, que abastece al país del 96% de las divisas que requiere.
Según un reporte de la agencia Bloomberg publicado este lunes, ante el colapso económico y las sanciones de EEUU, el gobierno socialista de Maduro propuso concederles la mayoría de las acciones y el control de la industria petrolera venezolana a grandes corporaciones energéticas transnacionales, una movida que pondría fin a décadas de control estatal de PDVSA desde que el expresidente Hugo Chávez decretó su nacionalización.
Presuntamente, altos funcionarios del Gobierno, en representación de Maduro, sostuvieron reuniones con la estatal petrolera rusa Rosneft, la española Repsol y la italiana Eni SpA. El objetivo de esas conversaciones sería permitirles tomar control de las propiedades petroleras del Gobierno venezolano y así reestructurar una porción de la abultada deuda de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) a cambio de activos del Estado y de la compañía, según fuentes conocedoras del asunto contactadas por Bloomberg, que son altos funcionarios del gobierno venezolano.
Actualmente, PDVSA tiene una deuda externa con proveedores y tenedores de bonos de deuda pública de la estatal por el orden de los 60.000 millones de dólares, de los cuales al menos $20.000 millones corresponden a créditos otorgados por China, que el gobierno asiático se cobra con envíos de crudo, al igual que Rusia, que también es acreedor de $30.000 millones en créditos directos al gobierno de Maduro.
Si la administración chavista le entrega el control de PDVSA a esas tres grandes transnacionales del petróleo, la mano de obra, infraestructura petrolera, refinerías y capacidad instalada de exploración, explotación, producción y exportación de crudo podría incrementarse, aunque supondría la desventaja de las comisiones en regalías y cobros de gastos operativos, así como en inversiones, que serían destinados del ingreso fiscal petrolero venezolano a esas tres compañías de Rusia, España y China.
Desde 2014, PDVSA ha perdido entre 16.000 y 30.000 millones de dólares en ingresos por la merma en la producción de crudo venezolano de 3 millones a 650.000 barriles diarios. Asimismo, en 20 años de operaciones bajo el mando del chavismo, la estatal ha generado ganancias por el orden de 1 billón de dólares, de los cuales $700.000 millones habrían sido desviados en corruptelas y estructuras de capital dentro del Estado venezolano hacia cuentas extranjeras en paraísos fiscales.
Actualmente, la estatal petrolera tiene todos sus activos, cuentas y bienes en Estados Unidos congelados y bajo confiscación tras las sanciones que Washington impuso al gobierno de Maduro en agosto de 2019.
Citgo, la filial de PDVSA productora de gasolina, ubicada en Texas, también está bajo control financiero y administrativo de EEUU y del llamado gobierno interino de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Esa filial tiene un valor de mercado de aproximadamente 15.000 millones de dólares.
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