El Observatorio Social Humanitario presentó, este jueves 26 de enero, a un panel de expertos para hacer un balance de la situación actual de las cárceles venezolanas.
El sistema penitenciario en Venezuela confronta innumerables problemas, entre los que destacan: el retardo procesal, el hacinamiento, el precario estado de las infraestructuras que abarca desde las celdas hasta los puntos de seguridad y control, la ausencia de una correcta distribución de los reclusos; la carencia de servicios básicos indispensables de alimentación, salubridad y aseo, entre muchos otros factores que bien, condicionan y promueven a la excesiva violencia que caracteriza a las instituciones penitenciarias en Venezuela.
Al respecto, Carlos Nieto PalmaCoordinador General de la ONG Una ventana a la libertad, expresó: “suele distorsionarse en medios de comunicación, pero los privados de libertad tienen derechos humanos, los mismos que son violentados y que al entrar a estos centros le son arrebatados”.
De acuerdo a los datos resaltados por Nieto, en Venezuela, existe sobrepoblación carcelaria, y asegura que la utilización de los centros de prisión preventiva a lo largo y ancho del país, donde se estima que hay alrededor de sesenta mil privados de libertad, está lejos de ser una solución, debido a que las instalaciones no se encuentran aptas ya que las mismas no poseen baños y los espacios son en proporción demasiado pequeños. “Donde caben 4 reclusos, son ingresados hasta 15 o más.” agregó Nieto.
Otro punto resaltado fue que la principal causa de muerte en presos venezolanos desde 1999 ha sido enfermedades no tratadas a tiempo, como tuberculosis, enfermedad que va en aumento entre la población penitenciaría, desnutrición, al igual que existen altos índice de contagios de VIH.
En sus últimos informes las organizaciones que monitorean su situación alertaron que cerca del 60% de las personas detenidas presentan síntomas de desnutrición severa, sufren de privación de agua potable y carecen de servicios médicos que atiendan su situación de salud.
En la actualidad, se registra un déficit del número de plazas para un índice de hacinamiento (porcentaje de la población que excede la capacidad instalada del sistema) equivalente al 14%. No obstante, hay que observar con precaución este parámetro, pues si bien como dato general no supera el nivel considerado alarmante según criterios internacionales, está por encima de muchas otras en América Latina.
Sobre la situación de los presos políticos, Martha Tineo, Coordinadora General de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, expresó: “la situación no es nada favorable, las cifras arrojan que al menos 55% de presos políticos cumplen una condena anticipada, de la cual no existe una certeza de haber cometido un crimen. Alrededor de 309 presos políticos, como cifra referencial, han sido víctimas de torturas, por no mencionar que sus familiares son perseguidos, hostigados y muchos de ellos deben salir del país, dejando a sus familiares internados en un estado de abandono”.
“Los presos políticos en Venezuela no son políticos, al día de hoy, no forman parte de la dirigencia política. Los presos políticos en Venezuela son en su mayoría militares y civiles, personas que ni habiendo presentado posición contra el gobierno nacional fueron detenidas” expresó Tineo.
Tineo destacó que las autoridades de los centros penitenciarios están por encima de las decisiones de los jueces, la mayoría de estos presos políticos tienen gravísimas patologías, como consecuencia de las torturas de las cuáles son víctimas.
Explicó que debido a la opacidad que existe en el país no hay una cifra oficial de presos políticos, sin embargo estiman que al día hay al menos 309, «algunas personas que están presas por razones políticas prefieren no estar reflejados en estos listados, para no poner en riesgo a sus familias».
Sobre la visita del alto comisionado de la ONU para los DDHH, Tineo aseguró que seguirán exigiendo la liberación de todos los presos políticos. «Hemos visto cómo en otras ocasiones, han sido liberados producto de negociaciones, lo cual deja en evidencia que su detención se debe a una decisión política».
