Todos parecemos estar de acuerdo que México, si logra celebrarse, será un diálogo destinado al fracaso. Las causas son diversas, pero la más interesante es las exigencias cortoplacistas de los involucrados.
En el chavismo hay en marcha una discusión sobre el modelo inviable, inaplicable y anacrónico que es el socialismo. Aunque timoratamente, ya hay algunas voces dentro del régimen que asoman su inviabilidad. No ha surgido una voz determinante como Mijaíl Gorbachov cuando en un cónclave del partido comunista, dijo que el modelo económico había fracasado, y comenzó la Perestroika (una suerte de reforma económica).
Sin embargo, hay voces como Rafael Lacava que ha hablado de privatizaciones de sectores eléctricos o el propio hijo del Presidente Maduro, que en un pleno de la juventud de la izquierda, hacía tímidas – pero no por ello débiles- críticas al modelo económico. Apelando al pragmatismo.
Del lado de la oposición hay un consenso de la socialdemocracia, que solo sigue discutiendo la permanencia de Maduro en el poder. En el fondo defienden el mismo modelo. Pero la discusión que ya empezó en el chavismo, y que algunos opositores liberales en lo económico, queremos dar, es sobre el modelo socio económico.
Esta discusión puede unirnos en una agenda productiva, antes que se den elecciones, que todo indica serán en 2024.
Nuestra nación es un ejemplo de cómo la restricción a la libertad económica afecta a otras libertades y el derecho a la propiedad. Tanto el acuerdo constitucional de 1961 como el de 1998, constituyen una suerte de salmo al estatismo, concebidos de tal forma que es imposible una economía libre.
Dichas constituciones han dicho respetar la propiedad privada, pero son tantos los puntos, las comas, y los pero que le siguen, que la verdad es que lejos de garantizar sus derechos, los confiscan.
Las constituciones aupadas por los socialdemócratas y luego por los socialistas bolivarianos permitían un poder estatal casi sin límites.
A la par de esto, sus promotores, los intelectuales a su servicio le atribuyeron tales poderes mágicos, que no tenía otro camino que crecer desenfrenadamente, interviniendo en la salud, y la muerte de las personas, en el cielo y en el infierno.
Estando así las cosas, está por delante la obra aún no comenzada de desmontar el andamiaje sobre el cual se instituyó el modelo colectivista que hundió a Venezuela. La tarea no solo es ardua, sino extremadamente compleja. Exige una nueva visión del país, basada en una ética de la autoestima del país y no de su sacrificio altruista.
Reclama un nuevo acuerdo constitucional, con un solo propósito: Limitar los poderes y atribuciones del Estado. Esa tarea exige una rápida y profunda discusión, que clarifique que los derechos naturales de un ciudadano están antes – y por encima del Estado, del gobierno, de las constituciones y de cualquier mayoría circunstancial.
Quiero ser enfático al afirmar que el asunto no consiste en sacar a unos socialistas y sustituirlos por unos socialdemócratas, no. Para mí la solución radica en institucionalizar el país. Cuando cambiemos un convenio constitucional que se abstenga de ir contra el mercado, contra la libertad económica, y en definitiva, contra el derecho a la propiedad inviolable, y en definitiva, contra la libertad, el país comenzará a enrumbarse. Dicho de otra forma, una Constitución totalmente distinta a las de 1961 y 1999.
El país hoy reclama un proyecto de libertad con mayúscula. Y será el proyecto liberal en lo económico, el que haga entrar a Venezuela a la propiedad, y retornar a la democracia verdadera, no la de utilería, que hoy tenemos, maltratada y sin vocación real por la gente.
Esto exige obviamente remar contra la corriente, y tener coraje para oponerse al populismo como catecismo, y presentar con convicción las ideas que defendemos.
Venezuela tiene hoy dos problemas (lleva 50 años teniéndolos con sus bajas y subidas), el primero es la inflación, el impuesto encubierto; y el segundo la ausencia de un mercado libre, que impide el despegue económico de nuestra nación.
La inflación es un fenómeno de los gobiernos, pero sobre todo de aquellos con controles, y con tendencia populista, los cuales necesitan imprimir dinero. Esto pasa desapercibido en muchos lugares donde este fenómeno sucede.
Sin embargo, Venezuela bajo el yugo del chavismo vivió una situación tan increíble, la gente anduvo con carretas de billetes que un diciembre (2016) el propio gobierno les pidió llevar a los bancos (cuando la inflación hizo perder la fe en la banca como mecanismo de ahorro) que es casi impensable que un venezolano dude de esta tesis: si hay mucho dinero en la calle, hay mucha inflación. Si se imprime mucho dinero, muy pronto vale poco.
Ahora bien, he dicho que la inflación es un fenómeno, no estrictamente, pero sí usualmente vinculado al populismo más irresponsable. La única fuente de producción de dinero en Venezuela es el gobierno. ¿Para qué se usa? Para pagar los gastos del gobierno y esta es la fuente fundamental de la inflación.
Esto produce mucho papel moneda en la calle, y muy poco dinero real. Nadie quiere quedarse con sus billetes más tiempo del necesario. De esta forma se estrangula a la estructura financiera, o sea, las instituciones de capital y el mercado de capital conjunto. En un ambiente así, es difícil que la gente tenga incentivos para ahorrar. Un requisito fundamental para que Venezuela tenga un crecimiento en los próximos 10 años, es el establecimiento de un mercado de capitales sólido.
Para conseguirlo hay que destruir la madre de la distorsión: La inflación. Hay un solo camino y es reducir los gastos del gobierno. En Chile, el gobierno del presidente Pinochet por las recomendaciones de Milton Friedman hizo una reducción del 20% al 25%.
Durante los últimos años he leído las recomendaciones del brillante Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos, dos venezolanos fuera de serie, ellos recomiendan la eliminación del déficit fiscal como fuente de inflación, recurriendo entre otras cosas a préstamos en el extranjero.
Y eso está bien como un plan de transición, pero sería una negación de la realidad, si a largo plazo el país redujera el déficit fiscal pidiendo prestado, en vez de hacer lo correcto, recortar el gasto.
El gobierno gasta porque los líderes populistas relacionan desarrollo con transferencia o reparto de riqueza, y la verdad es que el desarrollo consiste en crear, no en repartir riqueza.
El gran problema de Venezuela, después del chavismo, no radica en una economía en ruinas, sino en algo peor, el espíritu empresarial fue prácticamente sepultado en el país. Se introdujo en Venezuela una cultura del saqueo y el despilfarro.
Para acabar con la inflación solo hay una vía, la rápida, buena.
Hernán Büchi Buc, miembro de Hacienda durante el gobierno de Pinochet, dijo que la única salida del estatismo al libre mercado era una política de shock.
En los casos de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra mundial, países con economías severamente destruidas a causa del conflicto, las políticas de control de precios y salarios, agravaron la situación.
En los dos países se desencadenaron los problemas que hemos producido en Venezuela durante décadas, producto de los controles, verbigracia, trueques, mercado negro, escasez.
Los controles llevaron a la paralización de ambas economías. En los dos casos se aplicaron tratamientos de shock. En Alemania, en una tarde de un domingo, de un solo «coñazo» como se dice en Venezuela, se suspendieron completamente los controles de precios y salarios; se anunció una política de reforma fiscal para que los gastos del gobierno fueran iguales a los ingresos tributarios y se eliminó el financiamiento del gasto del gobierno a través de la impresión de dinero.
En menos de un mes en Alemania las mercancías se volvían a encontrar en los establecimientos comerciales, porque los precios eran reales, no artificiales.
En Japón, se aprobó un tratamiento de choque basado en el “Informe Dodge”, llamado así porque la comisión financiera americana fue dirigida por un banquero de Detroit con ese apellido.
El informe sugiere el mismo tratamiento, recomendaba para Japón una fuerte reducción del gasto del gobierno, la eliminación de los déficit gubernamentales financiados mediante impresión de dinero y la eliminación de los controles sobre precios y salarios. En pocos meses el milagro se hizo evidente.
Como ya dije, abordando el tema de la inflación, Venezuela tiene otra tarea pendiente, y es cómo abrirse a un mercado libre. Y esto necesita señales correctas de manera pública. Una de ellas consiste en un paquete de medidas destinadas a eliminar los obstáculos a una economía sana.
En Venezuela, al momento de escribir este artículo, existe una ley que yo llamo «la ley de vagos y maleantes», esta legislación ideada por el chavismo prohíbe a los empresarios despedir a sus empleados desde el primer día de contratados. Aunque todos entendieron los supuestos nobles principios que la inspiran, la verdad es que una ley así, lejos de evitar el despido, los fomenta.
Si Venezuela va a cambiar el modelo, los empresarios deben expandirse y tener libertad para operar y eso pasa por escoger y despedir su personal, según sus objetivos.
Por otra parte, es urgente una absoluta y expedita destrucción de todas las dificultades para lograr las autorizaciones que satisfagan la posibilidad del establecimiento de nuevas empresas.
Por supuesto, todas estas cosas que planteo son traumáticas, y no hay duda de que producirán problemas y que habrá un periodo difícil, pero éste debe ser transitado. Al inicio del libro les hablé de la tierra prometida. Pues bien, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés y el pueblo de Israel pasaron una larga jornada en el desierto con hambre y sed.
En nuestro caso no será un periodo tan largo. Pero lo habrá… Habrá desempleo y dificultades, pero pronto el asunto tomará su curso.
Para atravesar ese ciclo, es preciso tomar medidas destinadas a los más pobres. Considero que una ayuda directa en efectivo a la gente, basado en el número de hijos en edades escolar, será una buena medida transitoria y necesaria, más las que el país estime convenientes. Manuel Rosales, ex gobernador del estado Zulia, en 2005, impulsó un plan de becas que permitía a los jóvenes entrar a la universidad privada. Tengo una prima económicamente estable en México gracias a ese plan.
Medidas como éstas sin duda, son polémicas, pudieran tildarse como populistas, sin serlo. En todo caso, en lo único que el país nunca debe volver a creer es en que los controles de precios y salarios nos ayudarán a salir de la crisis.
A través de la historia jamás los controles han aliviado una crisis, siempre la han empeorado. En agosto de 1971, el presidente Nixon impuso controles de precios y salarios para contener lo que consideraba una «atroz» inflación que llegaba a 4,5%. El resultado fue que la inflación se redujo temporalmente y al año siguiente llegó a 12%.
Esta es la historia uniforme de los controles. Los controles no son otra cosa que mecanismos inflacionarios.
En dos mil años de historia, no hay un solo ejemplo en que los controles de precios y salarios hayan tenido eficacia para controlar la inflación. Lo que hacen es impedir que el sistema de precios funcione. Y entonces, crean colas, mercados negros, distorsiones. No tengo necesidad de contarles sobre esto a los venezolanos, conocen muy bien la historia.