El Gobierno de Venezuela rechazó este miércoles el tendencioso contenido, conclusiones y recomendaciones del reciente informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en relación con el funcionamiento del Sistema de Justicia del país y la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco.
Mediante un comunicado oficial, el Gobierno Nacional reiteró que el informe de la ACNUDH es muestra de manipulación por parte de países con expedientes de violación de derechos humanos y posiciones políticas manifiestamente hostiles hacia Venezuela.
Asimismo, expresa la misiva que Venezuela ratifica su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, sus mecanismos especiales y la Oficina de la ACNUDH, siempre y cuando estas instancias eviten ser instrumentalizadas políticamente contra Estados soberanos e independientes.
A continuación el texto íntegro del comunicado
La República Bolivariana de Venezuela expresa su firme rechazo al contenido, conclusiones y recomendaciones del reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación con el funcionamiento del Sistema de Justicia del país y la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco.
Este tendencioso informe, elaborado a partir de una cuestionada resolución del Consejo de Derechos Humanos, es muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales por parte de un reducido grupo de países con graves expedientes de violación de derechos humanos y posiciones políticas manifiestamente hostiles hacia Venezuela.
Precisamente el día de ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció la campaña propagandística comunicacional e injerencista anunciada por Elliott Abrams, ese oscuro personaje que funge como representante de Washington para los asuntos de Venezuela. Quedan en franca evidencia los Gobiernos satélites de Estados Unidos al articular sus posiciones y acciones en los foros internacionales como parte de la agresión política y mediática contra Venezuela.
No tiene el Consejo de Derechos Humanos, como tampoco ningún actor internacional, facultad legal, ni mandato alguno, para pretender evaluar el funcionamiento constitucional de los poderes públicos y el desarrollo de los sectores económicos en Venezuela.
La República Bolivariana de Venezuela ratifica su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, sus mecanismos especiales y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siempre y cuando estas instancias eviten ser instrumentalizadas políticamente contra Estados soberanos e independientes.
NAD
