Carlos Ramírez López, abogado, cree que el Estado debe ejercer una medida cautelar para el retiro inmediato de la invasión que ejecuta Guyana en el territorio cuya propiedad pretende se le reconozca en ese juicio. “Debe haber una rendición de cuentas del provecho económico que ha estado obteniendo en su ilegítima ocupación del territorio en disputa”
Un desafío público. La aprobación por parte del gobierno guyanés para la exploración y perforación de aguas en histórica disputa con Venezuela, por parte de ocho empresas petroleras de capital extranjero, desataron vientos de guerra entre Venezuela y Guyana.
Irfaan Ali, presidente guyanés, visitó el territorio en disputa, y con movimientos de tropas bajo los reflectores, lanzó:
“El Gobierno y la oposición emitimos una declaración conjunta en la que dejamos muy claro que nadie cometa ni un solo error. Esta Esequiba es nuestra, cada centímetro cuadrado de ella. Respetamos el derecho internacional y es allí donde debe dirimirse esta controversia planteada por Venezuela”, añadió el mandatario, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de los países del Caribe, con Cuba como puntal.
La disputa por el Esequibo suma casi dos siglos.
El territorio comprende más de dos tercios del territorio de la Guyana, y que Venezuela considera que le fue usurpado durante el colonialismo británico. Caracas considera que le corresponden unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. El contencioso se encuentra ahora en la Corte Internacional de Justicia.
Guyana defiende el Laudo Arbitral de París de 1899, año en el que logró su independencia de Gran Bretaña y que estipula unas fronteras que responden a sus exigencias actuales. Venezuela, por su parte, defiende que ese acuerdo tuvo lugar bajo presión de los británicos, entonces gran potencia colonial, y se aferra al Acuerdo de Ginebra de 1966, que insta a ambas partes a negociar.
Para Carlos Ramírez López, abogado litigante, en el proceso resulta de primer orden que Venezuela presente una contrademanda ante la Corte exigiendo al menos tres puntos:
1) Cautelar para el retiro inmediato de la invasión que viene ejecutando Guyana en el territorio cuya propiedad pretende se le reconozca en ese juicio.
2) Rendición de cuentas del provecho económico que ha estado obteniendo en su ilegítima ocupación del territorio en disputa.
3) Garantía de indisponibilidad de los dineros que ha percibido y que estén por percibir de las actividades de exploración y explotación de los recursos minerales del suelo y subsuelo del territorio en disputa, dineros que deben quedar depositados en una cuenta bancaria a disposición de la CIJ.
Es de elemental lógica que estas medidas sean acordadas ya que lo que está en juego es precisamente la propiedad de todos los bienes muebles e inmuebles que conforman el territorio en disputa”, afirma.
Miraflores se durmió
Ramírez, repasa que en el marco del Acuerdo de Ginebra, en marzo de 2018, el caso fue trasladado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como último medio para la resolución pacífica y de lo cual de inmediato el gobierno de Guyana hizo uso formando un equipo de abogados de los más calificados de distintos países con el cual demandó a Venezuela para que reconociera el cuestionado Laudo de París y desistiera de cualquier interferencia en su posesión.
Ante la demanda de Guyana, el gobierno de Nicolás Maduro se negó a litigarla y como contestación asumió la postura de protestar por el uso del mecanismo judicial pues a su entender sólo habría que seguir en la línea ad infinitum buscando un acuerdo amistoso y esa fue su respuesta a la citación que le hizo la Corte la cual posteriormente, en diciembre del 2020 dictó sentencia rechazando el planteamiento y dando camino a la prosecución del proceso”, sostiene el especialista en derecho.
Para Ramírez, en el momento en que Guyana acudió ante la Corte Internacional de Justicia para demandar la confirmación del Laudo de París implícitamente reconoció judicialmente la invalidez de ese instrumento, que no hay legitimidad en los actos posesorios que viene ejerciendo en la zona en conflicto y que esa ilegitimidad fue reconocida por primera vez al momento en que acordó someter el caso al acuerdo de Ginebra.
“Estas conclusiones nos llevan a la pertinencia, a la necesidad, de proponer contrademanda y allí reclamar una medida que ordene un alto en la posesión, en la apropiación de los inmensos recursos que eso viene produciendo y que rinda cuenta de ello. La Corte no podría dejar de dar curso a un planteamiento así pues además de ser un planteamiento de elemental procedibilidad y justicia, ello tendería a garantizar los fines del proceso”, sostiene.
Pan y circo
El gobierno de Nicolás Maduro, según analistas, si existe real interés en rescatar el Esequibo, debe contrademandar. Lo demás es humo. El referéndum consultivo organizado por el CNE el próximo 3 de diciembre, en el que entre otras cosas se consultará a los venezolanos si aprueba anexar como un estado la Guyana Esequiba, muestra lo que por historia tiene clara respuesta en defensa del sentido patrio.
Nicmer Evans, sociólogo y editor de Punto de Corte, medio digital, resalta que esa consulta se impulsa como herramienta para polarizar tras el resultado de las históricas primarias del 25 de octubre.
El gobierno de Maduro, peor que todos los anteriores, en lugar de hacer cumplir la Constitución, defendiendo el territorio de Venezuela, amenaza con un referendo, formulando preguntas mal redactadas a los venezolanos sobre algo que es su deber. Mientras, el presidente de Guyana, sin preguntarle a nadie, demuestra la posesión de lo que no es suyo, y en contraparte, los bocones del gobierno de Maduro le piden calma, algo así como: ‘Tranquilo, no es en serio, solo lo uso como carta para evitar perder el gobierno en las próximas elecciones, pero tranquilo, no haremos nada sobre nuestro deber constitucional», afirma.
El objetivo sería utilizar los datos obtenidos para tener una idea de la participación en las elecciones presidenciales y medir el comportamiento de los participantes.
Lo que sí queda claro es que el gobierno y la oposición venezolana coinciden, al menos en sus declaraciones, en defender el territorio en disputa.
Por ello, desde todos los ángulos llovieron las críticas contra Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien se posiciona en favor de Guyana. “El régimen (de Venezuela) debe respetar los principios de paz y evitar cualquier confusión y mensaje lesivo”, dijo Almagro que alertó sobre “provocaciones” y de movimientos de tropas a la frontera.
“Su silencio sobre las concesiones en territorio en disputa e incluso en aguas que son de Venezuela y no están en discusión es grave. Sea al menos imparcial”, le respondió, por su parte Gerardo Blyde, miembro de la delegación opositora en negociaciones con el gobierno de Maduro auspiciadas por Noruega
Dejadez
José Francisco Conte, académico de la ULA en derecho, asegura que Venezuela ha sostenido equivocada y reiteradamente que la CIJ es totalmente incompetente para conocer y resolver el conflicto limítrofe entre Venezuela y Guyana, y esa posición sumó en su contra dos decisiones de dicho órgano judicial internacional: la primera, la proferida el 18 de diciembre de 2020, mediante la cual esa Corte Internacional afirmó su competencia para conocer del caso, y la segunda del 6 de abril de 2020, que rechaza de manera absoluta la posición del gobierno de Maduro de no admisibilidad de la demanda propuesta por Guyana, así como la negativa de incluir al Reino Unido de Gran Bretaña y a Irlanda del Norte como “partes indispensables» en ese proceso, lo cual fue solicitado por Venezuela.
Conte asegura que, procesalmente hablando, Venezuela está obligada a comparecer ante la referida Corte Internacional, para defender sus argumentos sobre la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, y demostrar la titularidad venezolana sobre el territorio, y consecuentemente los derechos marítimos que de ello se generan.
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