“Coercitiva y al margen de la ley”. Así definió el concejal Luis Cabrera la propuesta del ejecutivo municipal para restituir las “polimultas” en Maracaibo. En un video publicado en sus redes sociales, el edil denunció que este mecanismo desvía la verdadera misión de los cuerpos de seguridad y busca maquillar el déficit de gestión en las distintas dependencias municipales.
En un contundente pronunciamiento —el segundo que realiza sobre esta materia—, el edil marabino aclaró de entrada su posición ante la opinión pública: “Que quede claro, no estamos defendiendo la impunidad ni al infractor. Exigimos que se cumpla con el marco legal. El Artículo 5 de la Ley de Tránsito Terrestre establece sin titubeos que la competencia sancionatoria es del Poder Nacional y no del municipio. Los montos que pretenden cobrar están al margen de la Ley”.
Corrupción del honor policial y parches a la gestión municipal
Cabrera cuestionó severamente la decisión de adjudicar una comisión del 10% a los funcionarios por cada sanción aplicada, alertando sobre el daño ético a la institución: “Adjudicarle a un funcionario un 10% de comisión por cada multa que coloque no es prevención, es una perversión que corrompe el honor, la ética y la verdadera vocación de servicio de nuestros policías. Se pretende colocar a nuestros honorables funcionarios a cobrar multas a diestra y siniestra para suplir el déficit que hay en algunas áreas de la municipalidad que no dan pie con bola”.
Para el concejal, en lugar de desviar la atención con medidas coercitivas, el ejecutivo municipal debe concentrarse en sus verdaderas responsabilidades viales: «asfaltar las intercalles, demarcar y señalizar correctamente la ciudad».
“La autoridad se demuestra educando”
El edil exhortó al alcalde Gian Carlo Di Martino a revisar el descontento generalizado en las calles y en los comentarios de las plataformas digitales de los principales medios de la región, advirtiendo que está siendo “mal asesorado”.
“La autoridad no se impone con acoso ni con presión sancionatoria hacia el ciudadano. El espíritu y la razón de una ordenanza de convivencia es ordenar y educar. Pretender sustentar este disparate extralimitando funciones es ponerse al margen de la ley. Escuche a la calle, porque si salimos a recoger firmas, usted sale raspado. Este es nuestro segundo aviso”, concluyó Cabrera.
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