Nosotros, los hijos y las familias de la gente del petróleo, hemos vivido más de veinte años con una historia que rara vez se cuenta completa. No porque no exista, sino porque durante demasiado tiempo fue empujada al silencio.
Crecimos viendo a nuestros padres y madres trabajar con orgullo en una industria que fue, durante décadas, símbolo de progreso, estabilidad y dignidad laboral. Aprendimos que el trabajo honesto construía futuro. Esa certeza se quebró en diciembre de 2002.
En medio de una profunda crisis política, más de
23.000 trabajadores de PDVSA fueron despedidos de manera masiva, sin evaluación individual, sin
derecho a la defensa y sin consideración real por el impacto humano de esa decisión. No fueron simples despidos administrativos.
Fueron quiebres de vida.
No fueron números.
Fueron personas.
Fueron nuestros padres.
Aquellos despidos no solo significaron la pérdida de un empleo. Significaron hogares sin sustento, proyectos truncados, migraciones forzadas, silencios impuestos y una marca que aún hoy pesa sobre miles de familias venezolanas. Mientras el país siguió discutiendo su rumbo político, estas familias quedaron atrapadas en las consecuencias de una decisión que nunca fue reparada.
Han pasado más de dos décadas y la deuda sigue ahí.
No es solo laboral.
Es moral, social e histórica.
Cuando una injusticia no se reconoce, no desaparece: se hereda. Nosotros somos esa herencia. Somos hijos que crecimos viendo cómo se borraba la trayectoria laboral de nuestros padres, cómo se les señalaba sin juicio y cómo se les negaba incluso el derecho a ser escuchados.
Hablar hoy de estos despidos no es reabrir heridas. Es aceptar que nunca se cerraron. No es dividir al país, es darle una oportunidad real de reconciliarse
consigo mismo. La reconciliación no nace del olvido, sino del reconocimiento.
Los despidos injustos de PDVSA vulneraron derechos laborales y humanos, pero también rompieron un pacto fundamental: el de un Estado que debe proteger a su gente trabajadora, incluso
—y especialmente— en los momentos de crisis.
Ningún país puede aspirar a reconstruirse dejando atrás a quienes lo sostuvieron con su esfuerzo.
Nosotros no pedimos venganza.
Pedimos justicia.
Pedimos reconocimiento público de la injusticia cometida. Pedimos avanzar hacia una reparación integral, material y moral. Pedimos la restitución de la dignidad del trabajador petrolero injustamente despedido. Pedimos la creación de un marco jurídico que los ampare y que establezca garantías claras de que nunca más el trabajo será usado como castigo político.
Esto no debilita a Venezuela.
La fortalece.
Las sociedades que avanzan son aquellas capaces de revisar su historia con honestidad, corregir errores y aprender de ellos. Resolver la situación de
los despedidos de PDVSA no es un gesto simbólico: es una señal de madurez política y de compromiso con la justicia social.
Nosotros, los hijos de la Gente del Petróleo, no queremos que nuestros padres sean recordados como culpables de una crisis, sino como lo que siempre fueron: trabajadores venezolanos.
Queremos un país donde el trabajo vuelva a ser un espacio de dignidad y no de miedo.
Porque sin justicia no hay reconciliación.
Y sin reconciliación, Venezuela seguirá postergando su reencuentro consigo misma.
CARLOSMAN LEAL,
HIJO DE GENTE DEL PETRÓLEO
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