La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Fernando Loaiza Chacón, alcalde del municipio Catatumbo, Zulia, tras considerar que está en un “riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
El organismo ratificó este martes 1 de abril, a través de una resolución, que el burgomaestre se halla en una “situación de gravedad y urgencia” en el país.
El dirigente opositor de Acción Democrática (AD) está detenido según el CIDH “desde el 14 de marzo de 2025 por el Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes)” y a la fecha “se desconoce su paradero y su situación actual de salud”.
Explicó el organismo que el Estado se niega a “proporcionar información o a reconocer la privación de libertad” y así mismo denegó el hecho de “recibir sus denuncias de habeas corpus o de desaparición forzada”.
Alegó que, pese a que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunciara que Loaiza esté “inmerso en un proceso penal”, este debe dar a conocer “los motivos de hecho y de derecho que dieron origen al proceso”.
“La parte solicitante considera que el propuesto beneficiario está bajo incomunicación prolongada y sin atención médica adecuada para las diversas patologías que padece. Además, el Estado no proporcionó información a la CIDH”, indica.
La institución pidió que el gobierno de Nicolás Maduro “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Fernando Loaiza Chacón”.
Exhortó que el Estado “debe informar de manera oficial si está bajo custodia del Estado y las condiciones de su detención, para poder determinar su paradero o destino”.
Solicitó que es necesario facilitar “el contacto con sus familiares, representantes y abogados de confianza”.
Exigió que se facilite el contenido legal “sobre la situación jurídica en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, así como las razones por las que no ha sido puesto en libertad o si ha sido presentado en tribunales”.
La CIDH manifestó que es obligatorio “realizar una valoración médica sobre su situación de salud y garantizar el acceso a tratamientos médicos” que requiere el burgomaestre.
El organismo demandó que Fernando Loaiza tiene que “desarrollar sus actividades como alcalde y dirigente político de oposición sin ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia”.
La Verdad