Los demandantes denuncian el incumplimiento de sentencias judiciales firmes y solicitan al sindicato petrolero interceder para lograr el pago de sus acreencias laborales.
Una coalición integrada por 57 extrabajadores petroleros que mantienen una demanda laboral contra la empresa Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., emitió un comunicado público dirigido a la junta directiva y representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros, en el que denuncian el presunto incumplimiento de obligaciones laborales y la paralización de un proceso judicial que se prolonga por más de seis años.
En el documento, los extrabajadores aseguran que, pese a contar con sentencias definitivamente firmes que reconocen sus derechos al pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, la empresa todavía no ha cancelado las acreencias pendientes. Asimismo, señalan que sus intentos por establecer mesas de negociación o conciliación no han obtenido resultados.
La coalición también recordó que el pasado 13 de enero de 2026 estaba prevista la ejecución del remate judicial de los bienes embargados para garantizar el pago de las deudas laborales. Sin embargo, según exponen, este procedimiento fue suspendido y posteriormente los procesos quedaron paralizados tras el avocamiento de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia N.º 073 del 11 de marzo de 2026.
Otro de los aspectos denunciados está relacionado con las decisiones judiciales N.º 327 y 328, correspondientes a julio de 2026, mediante las cuales, según el comunicado, se otorgó a Halliburton una medida cautelar innominada que permitió la reanudación de sus operaciones y la restitución de la posesión, uso y disfrute de bienes muebles e inmuebles que se encontraban embargados ejecutivamente.
Los trabajadores sostienen que esta medida ha debilitado las garantías patrimoniales que respaldaban sus acreencias y denuncian presuntos traslados y movilizaciones injustificadas de equipos y maquinarias afectados por el embargo.
Ante esta situación, los 57 extrabajadores solicitan al sindicato petrolero un pronunciamiento público en respaldo a sus exigencias, así como su intervención ante las instancias correspondientes para promover una negociación efectiva con la empresa y conseguir la cancelación de la totalidad de los conceptos laborales adeudados.
Finalmente, los demandantes sostienen que el desarrollo de la industria petrolera no debe estar por encima de los derechos fundamentales de los trabajadores y recalcan la necesidad de que las sentencias judiciales definitivamente firmes se ejecuten y se garantice la tutela judicial efectiva.
«¡El trabajo es un hecho social protegido por el Estado y las sentencias judiciales deben respetarse!», concluye el comunicado suscrito por la Coalición de los 57 Trabajadores Demandantes.