El Departamento de Estado publicó el viernes un comunicado de cinco líneas. El secretario Marco Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre para fortalecer asociaciones clave en la región. Se reunirá con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella en Bogotá, con Daniel Noboa en Quito y con el nuevo gobierno de Keiko Fujimori en Lima. Discutirá el apoyo estadounidense a la respuesta de Colombia ante el terremoto de agosto, la cooperación reforzada contra el narcoterrorismo y los beneficios de relaciones comerciales más profundas. Reafirmará el compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro, próspero y democrático.
Venezuela no aparece en ningún lado. Un comunicado del Departamento de Estado se escribe palabra por palabra y se revisa varias veces antes de salir. Lo que no está, decidieron que no estuviera.
La gira tiene una lógica evidente. Los tres destinos son gobiernos alineados con Washington en las dos materias que importan ahora: seguridad y comercio. Los tres participan en iniciativas como el Escudo de las Américas contra el narcotráfico. Los tres comparten un diagnóstico común sobre los carteles y sobre la necesidad de una cooperación más dura. La visita ocurre además en un momento de avance de gobiernos de derecha o afines en el arco andino, lo que le permite a Washington construir una red de socios estables en lugar de negociar caso por caso con administraciones que cambian de posición cada dos años. De la Espriella y Fujimori acaban de asumir. Noboa ya recibió a Rubio antes. La gira consolida lo que existe y certifica lo que empieza.
Venezuela destaca por su ausencia, y destaca porque nadie podría argumentar que Washington se desentendió del país. Desde enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, Estados Unidos mantiene un involucramiento directo y profundo en Venezuela.
Marco Rubio ejerce una influencia significativa sobre las finanzas venezolanas, sobre la distribución de los recursos naturales, en particular el petróleo, y sobre las decisiones del gobierno interino. La ejerce desde Washington. El acuerdo petrolero reciente con el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez otorga a Estados Unidos control sobre una porción importante de las reservas venezolanas a cambio de inversión y de reactivación de la producción. Es un acuerdo de largo aliento y de alcance estructural, del tipo que normalmente exige meses de diplomacia presencial, delegaciones técnicas y una fotografía de firma en un palacio presidencial. Nada de eso hizo falta. La relación operativa se maneja de manera directa entre Rubio y Rodríguez.
Por eso Caracas no aparece en el itinerario. La gestión a distancia ya está establecida y funciona. El contacto es fluido y los resultados están firmados. Una visita oficial del secretario de Estado no aportaría valor operativo a una relación que ya produce acuerdos sin necesidad de aterrizar en Maiquetía.
Pesa además algo de otro orden. Una gira oficial del secretario de Estado a Caracas tendría un peso diplomático y simbólico que ningún comunicado podría contener después. La visita del jefe de la diplomacia estadounidense es un acto de reconocimiento, y el reconocimiento no se retira con facilidad una vez concedido. Washington evita proyectar plena legitimidad sobre el gobierno interino mientras el proceso de transición no cumpla estándares de democracia plena, con elecciones libres y garantías verificables. Firma acuerdos petroleros, supervisa decisiones de gabinete, condiciona la distribución de recursos, pero todavía no está dispuesto a enviar a su secretario de Estado a estrechar la mano de un gobierno de transición delante de las cámaras del mundo.
También pesa el cronograma. La administración ha delineado etapas claras: estabilización, recuperación económica y transición democrática. El país está en una fase intermedia. La estabilización avanzó, la recuperación económica apenas arranca y la transición democrática sigue siendo un compromiso enunciado, no un proceso con fecha. Visitar Caracas ahora se interpretaría como un aval prematuro a un gobierno que conserva estructuras completas del régimen anterior.
Aquí es donde el itinerario deja de ser un asunto de agenda diplomática y se convierte en un problema para la maquinaria narrativa que opera desde Miraflores. El chavismo sostiene desde enero un relato de continuidad y control. La consigna es que Venezuela sigue siendo un actor soberano, que conduce su propia política y que participa en la conversación regional como interlocutor obligado. Ese relato se construye con los instrumentos de siempre: cadenas de televisión estatal, un ecosistema informativo intervenido, medios independientes bloqueados dentro del país y una repetición sistemática de la palabra soberanía en cada acto público. La maquinaria no ha aflojado. Sigue produciendo a plena capacidad.
El problema es que ahora produce contra la evidencia.
Que el secretario de Estado de Estados Unidos recorra Colombia, Ecuador y Perú sin pisar Venezuela le comunica a la región algo que el aparato de propaganda no puede desmentir con una cadena. Washington articula seguridad, antinarcóticos y comercio en el arco andino sin sentar a Caracas en la mesa. Los asuntos que más afectan a Venezuela, la migración, el crimen transfronterizo, la energía, se conversan con los vecinos. La pretensión de ser el nodo obligado de cualquier discusión hemisférica se sostiene cada vez con menos material.
De cara al interior, el efecto es más corrosivo. Es difícil explicarle a una población y a unas élites que el país mantiene iniciativa propia cuando el funcionario que decide sobre su petróleo y sobre su calendario político no considera necesario visitarlo. El acuerdo petrolero agrava esa contradicción en lugar de resolverla. El régimen lo presenta como un logro soberano, respaldado por la Asamblea Nacional, y al mismo tiempo necesita sostener que nadie le impone condiciones. Las dos cosas no caben en el mismo discurso.
De ahí la tirantez con Rubio, que se sostiene en una asimetría permanente. Rubio administra el expediente venezolano y no lo negocia en público. El régimen depende de él para el petróleo, para el financiamiento y para el diseño de la transición, y a la vez necesita no nombrarlo como quien manda. Cada acuerdo firmado le resuelve un problema económico y le abre uno narrativo. Rubio, por su parte, no le concede la única cosa que la propaganda realmente necesita: la imagen del secretario de Estado descendiendo la escalerilla en Maiquetía, dándole a Miraflores el estatus de capital con la que se negocia de igual a igual. Esa fotografía no existe, y su ausencia vale más que cualquier declaración.
La consecuencia probable, si la tendencia se mantiene, es un aislamiento progresivo. Venezuela quedaría cada vez más relegada de los foros y alianzas donde se decide la agenda regional, por pura irrelevancia operativa. Para un régimen que basó dos décadas de legitimidad en la idea de que Venezuela lideraba algo, esa es una pérdida difícil de administrar hacia adentro.
La gira de Rubio busca lo que dice buscar: consolidar alianzas con gobiernos afines y avanzar en agendas concretas de seguridad y comercio en la región andina. La exclusión de Venezuela no contradice esa agenda. La complementa. El país se maneja a través de canales directos y operativos desde Washington, mientras se mantiene un enfoque deliberadamente cauteloso en el plano simbólico hasta que la transición hacia un gobierno democrático avance de manera sustantiva. La gestión práctica del poder en Venezuela y el otorgamiento de legitimidad política formal son asuntos distintos. Washington ejerce la primera con una intensidad que pocos anticiparon en enero y retiene la segunda con disciplina.
El 8 de septiembre Rubio aterrizará en Barranquilla. La televisión venezolana tendrá que explicar por qué el hombre que negocia el petróleo del país no viene a Caracas
lapatilla
Recuerda seguirnos en nuestra NUEVA CUENTA INSTAGRAM , TIKTOK Y WHATSAPP