Ante los últimos acontecimientos ocurridos durante el mes de diciembre del 2019 que dejaron un saldo hasta el momento de 11 presos muertos y varios heridos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó a las autoridades a investigar las muertes y a garantizar la seguridad de los reclusos del Centro de Arresto preventivo de la COL.
El CIDH expresó su preocupación este jueves, por los acontecimientos sangrientos ocurridos en este lugar por un presunto enfrentamiento entre bandas por el control de las áreas.
La comisión. Advirtió que el centro preventivo tiene niveles significativos de hacinamiento y deplorables condiciones de detención que aumenta la vulnerabilidad a la cual están expuestos los reclusos
La organización indicó que, de acuerdo con la información que maneja, fallecieron al menos 10 personas y otras 6 resultaron heridas el pasado 31 de diciembre en ese centro de reclusión.
«La CIDH insta al Estado a investigar las muertes de los internos y a adoptar las medidas necesarias para garantizar su integridad. Recordamos que es su deber mantener el control de los centros de detención y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad», señaló en Twitter.
Agregó que este suceso revela la falta de control de las autoridades penitenciarias.
«La CIDH tiene información sobre una dualidad de sistemas penitenciarios en Venezuela. Uno oficial, compuesto por centros carcelarios. Y otro compuesto por aproximadamente 500 centros de detención preventiva que tienen 65.000 personas privadas de libertad», puntualizó.
La Comisión catalogó como preocupante que los espacios de detención preventiva mantengan a tantas personas, puesto que no están adecuados para alojar a los detenidos por más de 48 horas.
«Además, presentan niveles críticos de hacinamiento y de los niveles de las condiciones de detención», concluyó.
Venta a la Libertad también se pronunció
Una Ventana a la Libertad señala que cada pabellón involucrado en la reyerta tiene 200 internos en sus espacios, los cuales son sometidos por otros detenidos armados, cuyo grupo no supera por bando 20 pistoleros
Según la ONG, Una Ventana a la Libertad, en su portal informativo reseñó que los fallecidos durante el motín del lunes 30-D fueron identificados como Yhonathan Miguel Morales (25), alias “Carro Bomba”; Anderson Javier Navarro Guede (39), alias “Pire”, Julio Alberto Barrio Leal (29), alias “Niche o Tatú” y Wilben Dalmiro Acosta (36), alias “Mata Perro”. Todos presentaron heridas de arma de fuego, arma blanca y quemaduras. A dos de ellos los decapitaron. En la refriega hirieron a Douglas Enrique Villanueva Rojas (24), Jendry Andrés Fernández Fernández (26), Rafael José González (57), José Francisco Acosta Reyes (54) y Marcos Antonio Briceño Chaparro, de 31 años. Los oficiales no precisaron la gravedad de las heridas ni a qué pabellón pertenecían.
Ante esta situación, el gobernador del Zulia, quien estuvo de visita en la ciudad de Cabimas el pasado lunes 30 de diciembre, horas después de iniciarse el segundo motín dentro del Retén que comenzó a las 5 de la tarde, anunció el cierre inminente de este lugar, ya que no va a permitir que estos delincuentes quieran tener el control sobre el área y pasar por encima de la ley. Resaltó, que solo se está a la espera del pronunciamiento oficial del Ministro de Interior, Justicia y Paz, General Néstor Reverol.
Sin embargo, no hay un vocero oficial representante de los Cuerpos de Seguridad, ni el Secretario de Gobierno, ni el propio gobernador del Zulia que informe lo que realmente acontece dentro del Retén de Cabimas. Los alrededores de este lugar ubicado en la zona norte de Cabimas, en el sector de La Misión, permanece bajo estricta vigilancia policial, no hay acceso hasta el recinto ni de familiares, ni de abogado, como tampoco el ingreso de comida y agua.
Tanto los familiares como los privados de libertad temen otra confrontación en cualquier momento. “Aún hay tensión. Los muertos no aplacan la situación. Hacen que el próximo atentado sea más feroz”, comentó un interno.
La población de Cabimas exige a las autoridades municipales, regionales y nacionales que se tomen medidas urgentes a corto plazo para el desarme de los reclusos y proteger la vida de los enfermos de tuberculosis y la población que no está involucrada en los conflictos ni está armada.