El diputado Pablo Pérez, del opositor Grupo Parlamentario Libertad, afirmó que, después de la Constitución nacional, la Ley de Hidrocarburos es uno de los instrumentos más importantes del país.


Pérez subrayó que Venezuela, como país petrolero y poseedor de las mayores reservas de crudo del mundo, no puede contar con una legislación de esta magnitud sin que sea discutida ampliamente por todos los sectores nacionales. “Así como la Constitución es el pacto social, el tema petrolero y la Ley de Hidrocarburos son fundamentales para el país”, expresó.
El parlamentario insistió en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica como elemento clave para atraer inversiones, señalando que la apertura al capital privado no implica una pérdida de soberanía nacional. En ese sentido, aseguró que la excesiva estatización no ha traído beneficios a la industria petrolera nacional, sino que ha contribuido a su deterioro.
Asimismo, indicó que quienes deseen invertir en el sector requieren reglas claras que reduzcan los riesgos futuros, y planteó la urgencia de revisar la carga tributaria que actualmente afecta a la industria petrolera.

Pérez informó que el Grupo Parlamentario Libertad presentará una propuesta de reforma de la Ley Orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, aprobada en mayo de 2009. Recordó que dicha normativa derivó en la expropiación de más de 70 empresas, más de mil embarcaciones y 33 muelles en la Costa Oriental del Lago, lo que —según afirmó— ocasionó una caída de la producción petrolera de 749 mil barriles diarios a poco más de 200 mil en la actualidad.
Finalmente, el diputado salvó su voto en la primera discusión de la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, denunciando que la directiva parlamentaria entregó el proyecto de ley apenas una hora antes de la sesión plenaria, sin tiempo suficiente para su revisión y lectura, lo que impidió un debate amplio y profundo sobre una ley estratégica para el futuro del país.
Desde la Bancada Libertad, ratificaron su compromiso con una legislación petrolera moderna, que garantice seguridad jurídica, promueva la participación responsable del capital privado, impulse la generación de empleo y permita la recuperación de la industria, siempre al servicio del bienestar de los venezolanos y sin renunciar a la soberanía nacional. Asimismo, anunciaron que presentarán propuestas concretas para la segunda discusión, con el objetivo de corregir los errores del pasado y avanzar hacia una Venezuela productiva, con reglas claras y oportunidades para todos.