En respuesta al clamor de las comunidades que sufren las graves consecuencias de la crisis de servicios públicos, el concejal Luis Augusto Martínez realizó el pasado martes una inspección técnica en el sector Jesús Salazar II (Parroquia Alonso de Ojeda).
Durante el recorrido en el territorio, se constató el severo colapso del sistema de colectores que inunda las calles de aguas residuales, una alarmante realidad que no solo afecta a este sector, sino que se extiende con la misma gravedad a múltiples comunidades aledañas del municipio.
Tras un riguroso diagnóstico de la infraestructura hidráulica de la entidad, se determinó que la raíz del problema deriva del estado de abandono, paralización e inoperatividad casi total de la red, sumado a que el municipio registra actualmente más de 70 colectores colapsados, afectando de forma directa la red de tuberías y las estaciones de bombeo como la
Planta de Tratamiento Ciudad Ojeda – Av. 51 (Parroquia Alonso de Ojeda) que se encuentra totalmente inoperativa. Desde su inauguración en el año 2006, la planta nunca cumplió con la función para la cual fue construida.
De igual manera la Estación de Bombeo F10 (Parroquia Alonso de Ojeda); la misma presenta un estado crítico y opera a su mínima capacidad. De las 6 bombas originales, solo queda una (1) operativa, la cual fue instalada de forma improvisada en una fosa seca bajo un inminente riesgo de dañarse. Las otras 5 bombas fueron retiradas por la hidrológica estatal (HIDROLAGO) y no han sido reparadas, lo que obliga al sistema a enviar las aguas sin ningún tipo de tratamiento directamente al Lago de Maracaibo.
La Estación Libertad (Parroquia Libertad) se encuentra apagada e inoperativa. La instalación tuvo que ser desincorporada tras la rotura de la tubería de impulsión, situación que genera inundaciones constantes de aguas residuales dentro de las viviendas de las familias del sector.
Estación Danto – Ciudad Urdaneta (Parroquia Danto): Se encuentra inoperativa e inconclusa. Esta obra paralizada fue edificada con bloques convencionales —violando flagrantemente la normativa técnica que exige concreto armado—, provocando que las aguas negras se viertan crudas e indiscriminadamente al caño La O y al Lago de Maracaibo.
Estación Rancho Bello (Parroquia Danto): Se encuentra inoperativa e inconclusa. Cuenta con una sola bomba que no está en funcionamiento, sumando la descarga de sus aguas residuales al drenaje libre del caño La O.
Estación Fabricio Ojeda (Parroquia Danto): Se encuentra inoperativa, inconclusa y completamente desmantelada. Las instalaciones sufrieron el hurto de sus componentes electromecánicos, provocando que las aguas de toda la urbanización se viertan sin control alguno al drenaje natural.
Estación Campos Petroleros de Lagunillas (Parroquia Venezuela): Su operatividad es apenas parcial. Esta infraestructura es competencia directa de PDVSA y actualmente solo funciona la bomba ubicada en el campo Gran Mariscal de Ayacucho (Campo Rojo); el resto de los equipos del sistema están fuera de servicio.
Es imperativo resaltar que esta contraloría social no es nueva. Desde el año 2022, Luis Augusto Martínez ha venido realizando un acompañamiento continuo a las distintas comunidades afectadas, visibilizando y denunciando sistemáticamente la gravedad de esta situación ante los entes competentes. Sin embargo, la problemática estructural se mantiene intacta y sin recibir una respuesta o solución definitiva por parte de las autoridades correspondientes.
Ante lo agudo de esta crisis sanitaria ambiental y en atención directa al llamado desesperado de los ciudadanos, se emite un firme y urgente exhorto a los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Municipal, de la mano con la casa matriz Hidroven, para que de manera articulada y con la seriedad que el caso amerita, desarrollen y ejecuten un Plan de Atención Inmediata.
«No podemos seguir de brazos cruzados mientras nuestras familias conviven con las aguas negras en las puertas de sus casas», aseveró Martínez durante su despliegue en el territorio. «Hemos estado junto a los vecinos en esta lucha desde 2022, llevando la denuncia a cada instancia, y es inaceptable que sigan sin respuestas. Esto ya no es un problema de simple mantenimiento; es una emergencia de salud pública que está enfermando a nuestros niños y ancianos en las distintas parroquias de Lagunillas. Exigimos la concurrencia de los organismos del Estado e Hidroven para financiar e intervenir estas estaciones de forma urgente».
Nota de Prensa.